La decisión de dictar la prisión preventiva para el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia tiene lugar en medio de la hecatombe producida por la investigación del caso Lava Jato en Brasil. Para Santiago Mariani, coordinador de la Maestría en Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la novedad podría leerse como un avance que fortalece los principios que aseguran la vigencia del Estado de derecho, el cual supone que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Bajo esa premisa, este caso se trataría de un paso positivo por parte de un poder el estado que estaría actuando con independencia.
Sin embargo, el politólogo da cuenta que, en el caso del Perú, la decisión podría también estar teñida de una cierta sospecha de presión e influencia por parte de ciertos sectores hacia el juez encargado de la causa. Existe la sospecha de una cierta parcialidad sobre la decisión, aunque no sobre el fondo del asunto que se está investigando. La decisión es considerada por algunos como de arbitraria y esa sensación pareciera verificarse con la falta de avances de la justicia contra otras personalidades de la política señaladas de haber sido favorecidas con fondos de Odebrecht.
“Si la justicia no avanza con mayor decisión, la impunidad, que tanta irritación genera en la ciudadanía, seguirá siendo un escollo presente en la dinámica política del Perú. El manejo que se haga de este caso y las decisiones que tome el Poder Judicial podrán sacarlo de la situación de desprestigio en el que se encuentra o por el contrario confirmar las sospechas acerca de su imparcialidad y falta de independencia ante ciertas personalidad con poder político y económico”, expresa.
Por otro lado, en una entrevista para TV Perú Noticias, Mariani hizo hincapié en las consecuencias económicas, ya que los inversores extranjeros van a estar expectantes y observando con detenimiento la evolución de los procesos. Si el Poder Judicial no actúa de forma imparcial, podría dar una señal negativa a los inversores sobre una precariedad institucional que no brinda garantías.