Medio: La Nación (Argentina)
Fecha:
22/11/2011
Nota:
La controversia generada
alrededor del estado actual de la empresa Aerolíneas Argentinas pone sobre el
tapete una cuestión mayor que está pendiente de resolver desde el regreso de la
democracia: la construcción de un servicio civil para administrar el Estado.
A pesar de los avances que
hemos logrado desde 1983, ningún gobernante ha puesto todavía las bases para
impulsar, de manera generalizada, un sistema de selección basado exclusivamente
en el mérito para los cargos de gestión en el Estado. Muchos de nuestros
dilemas y problemas actuales tienen su origen en la falta de ese sistema. Se
trata de un tema que condiciona o posibilita, en última instancia, el
desarrollo del país.
La creación de un servicio
civil meritocrático para el Estado evitaría aquello que ha sido denominado
"sistema de la ruina". El término en cuestión describe la funesta
práctica por la cual el partido o grupo político que gana las elecciones se
siente con derecho a distribuir, entre sus militantes y seguidores, los cargos
que conforman la burocracia del Estado.
En los Estados Unidos
existió la costumbre, durante gran parte del siglo XIX, de reemplazar los
cargos de las oficinas públicas con los partidarios que acompañaban al político
que lograba la victoria. Sin embargo, entre esa "clientela" que
recibía el "botín", no todos estaban capacitados para manejar la
responsabilidad del cargo que se les asignaba. Además, el crecimiento de la
sociedad y la complejidad de los temas por resolver comenzaron a demandar
servidores públicos con mayor grado de formación. Algunos líderes políticos
comenzaron a darse cuenta de que seguir con esa práctica los llevaría a la
ruina.
Una de las primeras
respuestas para superar esta costumbre tan perniciosa provino del presidente
Rutherford B. Hayes, que introdujo exámenes competitivos como la base para los
nombramientos en la estructura del Estado. Algunos años más tarde, en 1883, el
senador George H. Pendleton presentó una iniciativa que se convirtió en la ley
del servicio civil, por la cual diversos sectores del Estado quedaron a
resguardo de nombramientos políticos. El desarrollo de un proceso de selección
basado en criterios de mérito e igualdad para acceder a un cargo en el Estado
había sido ya adoptado, desde 1855, por países como Gran Bretaña.
Francia o Japón también
han desarrollado sistemas muy rigurosos de ingreso a un puesto público, a
sabiendas del impacto negativo en la eficiencia del Estado que se genera, en el
largo plazo, por la falta de una administración pública de carrera. En el caso
de la Argentina, por ejemplo, el desarrollo de un sistema de ingreso a un cargo
administrativo a través de una competencia objetiva contribuiría a poner freno
a la emisión monetaria -o el endeudamiento- que demanda el gasto público
creciente destinado a sostener la estructura de un Estado con dificultades para
cumplir con sus funciones esenciales.
El mayor rédito en contar
con funcionarios capacitados, idóneos, talentosos y bien remunerados está en el
fortalecimiento de la capacidad estatal para implementar políticas públicas de
largo aliento en materias como salud, educación, bienestar social y seguridad.
Una burocracia permanente e idónea generará la continuidad de las políticas y
asegurará su éxito, para convertirlas en políticas de Estado, materia pendiente
en la Argentina. Para tener un Estado fuerte, que posibilite el desarrollo
tantas veces postergado, se necesita separar la esfera de la representación que
ejercen los políticos electos de la esfera de la administración del Estado, que
queda en manos de la burocracia que debe su cargo a un concurso.
El poder desmesurado que
otorga la facultad de nombrar funcionarios en el Estado, sin embargo, hace
difícil el impulso de ese tipo de reformas. La creación de un sistema
meritocrático que termine con las consecuencias que genera una democracia
clientelar es la partida donde se jugará, en gran parte, la salida para
nuestros ciclos de inestabilidad y estancamiento.
En un país con las
dimensiones geográficas de la Argentina y la concentración poblacional centrada
en el área de Buenos Aires, una aerolínea que conecte al país para posibilitar
el federalismo se torna un aspecto estratégico del desarrollo. Ponerla en manos
del mercado privilegiando solamente su rentabilidad sería un error de política
pública tan grave como un manejo con criterios puramente políticos. Es
necesario repensar nuestra aerolínea de bandera para poder transformarla en uno
de esos sectores modelo de un Estado fuerte que todavía no tenemos.