Medio: La República (Perú)
Fecha:
15/11/2011
Nota:
Brasil,
un país que ha logrado notables avances en el plano de su economía e inserción
internacional, acaba de anunciar el establecimiento de una Comisión de la
Verdad y la Reconciliación. La revisión de su pasado y la investigación de los
crímenes contra la humanidad, perpetrados por los gobiernos militares, abre la
posibilidad de consolidar el sistema democrático y cerrar finalmente un
capítulo trágico de su historia.
A
diferencia de sus vecinos, que han profundizado en la investigación y
juzgamiento del terror estatal mediante avances y retrocesos, la democracia
brasileña tiene todavía una deuda pendiente con las víctimas y sus
familiares. La iniciativa que pone en marcha la presidenta Dilma
Rousseff, una de las víctimas que sufrió tortura y cárcel, ha sido
recibida con gran entusiasmo por parte de organizaciones de DDHH pero con
cautela por parte de otros sectores críticos del mandato que ha recibido la
Comisión.
En
un plazo de dos años, los investigadores que la conforman, investigarán las
denuncias de abusos contra los derechos fundamentales que tuvieron lugar entre
1964 y 1988, pero no se celebrarán juicios. La producción de un informe
por parte de la Comisión, aunque no cambiará la ley de 1979 que otorgó una
amnistía y blindó a los perpetradores de los abusos contra un posible
enjuiciamiento, significa, de todas maneras, un valioso primer paso para
comenzar a desterrar la impunidad, reconstruir lo sucedido y evitar a través de
la memoria que vuelva a suceder algo semejante.
Los
países democráticos de la región que han ido avanzando en este plano tuvieron
también que enfrentar presiones, leyes y medidas con el fin de impedir la
investigación de los crímenes de lesa humanidad. Un caso de avances y
retrocesos lo configura la ejemplar política de DDHH seguida por la Argentina
desde 1983 cuando Raúl Alfonsín, un presidente civil respaldado por la
autoridad moral del voto ciudadano, decidió impulsar el juzgamiento a las
cúpulas militares causantes de la noche más horrorosa de la historia argentina.
El histórico juicio generó reacciones, presiones y alzamientos militares que
cerraron la posibilidad de continuar con las investigaciones. Las leyes que se
sancionaron en 1985, bajo presión facciosa, recién pudieron ser anuladas dos
décadas más tarde mediante el impulso de otro presidente civil, Néstor
Kirchner.
El
apoyo a los esfuerzos de sociedades que intentan revisar su pasado guarda acaso
una clara dimensión de carácter presente y de vital importancia para las
futuras generaciones. A pesar de la existencia de museos, películas,
evidencias, estudios, relatos que demuestran el holocausto del nazismo
perpetrado contra el pueblo judío, aparecen todavía grupos neonazis que buscan
reivindicarlo y algunos que intentan hasta negarlo.