Fecha:
06/09/2011
Nota:
El 11/9/01 el mundo contemplaba perplejo el ataque terrorista
contra los EEUU. En esa triste jornada los cancilleres de los 34 países de la
OEA se encontraban reunidos en Lima para aprobar la Carta Democrática
Interamericana. El documento, cuya adopción unánime tenía como objetivo dar una
señal sobre la importancia de la democracia en aquellos momentos de dramatismo,
se concibió como un instrumento jurídico de carácter multilateral destinado a
proteger y fortalecer a las democracias del hemisferio frente a los nuevos
desafíos.
Desde 1991 la OEA había ido adoptando distintas resoluciones
para evitar y enfrentar situaciones de interrupción abrupta o irregular de un
proceso político democrático. Mediante la Carta se buscaba complementar y
fortalecer aquellas medidas, previstas esencialmente para prevenir los golpes
militares, que ya no alcanzaban para asumir el desafío de gobiernos que, a
pesar de haber sido elegidos de manera democrática, ejercían el poder de forma
autoritaria.
El lugar y la fecha donde se adopta fueron ciertamente un
reconocimiento al Perú por impulsar una iniciativa que buscaba evitar la
repetición de una experiencia como la del fujimorismo. El criterio que se
inauguraba con la Carta era que no solamente se trataba de ser elegido
democráticamente; se debía también gobernar democráticamente sin vulnerar o
erosionar el Estado de Derecho y la separación de poderes. Es decir que, como
parte del régimen de protección de los sistemas democráticos, se introducía la
dimensión del funcionamiento de la democracia asumiendo que la celebración
periódica de elecciones libres y transparentes era un requisito necesario pero
no suficiente para su existencia y vigencia.
El espíritu y la letra de la Carta, sin embargo, introdujeron
otra cuestión trascendente al referirse al vínculo entre el desarrollo y la
democracia. La atención a la desigualdad y la exclusión se tornaron
sustanciales al ser consideradas, como señala el artículo 12 de la Carta, como
“factores que inciden negativamente en la consolidación de la democracia”. Se
incorpora entonces, como requisito para la vigencia del sistema democrático, no
solo el funcionamiento sino también el desarrollo integral que supone la plena
participación de los ciudadanos a partir de la eliminación de las desigualdades
económicas y sociales.
Al celebrar los diez años de la Carta Democrática
Interamericana los Estados deben tener en cuenta que han adquirido un
compromiso con todas las dimensiones que señala de manera clara ese texto. La
forma de acceder y de ejercer el poder como requisitos para la democracia se
iguala con la obtención de resultados en beneficio de las mayorías excluidas.
Resulta auspicioso que algunos gobiernos hablen hoy de inclusión social como su
prioridad.