Título: “Legal
pero ilegítimo”
Medio: La
República (Perú)
Fecha:
25/08/2011
Nota:
La reciente polémica en torno a los gastos de instalación que
cobran los congresistas al iniciar su mandato se torna en una oportunidad para
revisar el rol que le cabe al Congreso en el funcionamiento del sistema
republicano y el sentido del mandato que reciben los representantes.
El cobro de gastos en conceptos de instalación, como fuera
previsto solamente para aquellos congresistas que llegan desde alguna provincia
a instalarse en la ciudad de Lima es una medida necesaria y bien pensada.
La interpretación extensiva por la cual todos los congresistas, sin distinción
alguna, pueden percibir de todas maneras ese beneficio tergiversa groseramente
su sentido.
El cobro percibido por congresistas reelegidos y aquellos que
ya residen en Lima, para afrontar los gastos de un traslado y una instalación
que no tendrán lugar, ha sido legal y dentro de las normas internas que rigen
el funcionamiento del Congreso pero claramente ilegítimo. En uno de esos casos
un congresista manifestó que solamente se quedaba con un sol y el resto lo
donaba a entidades de bien público en vez de optar, como lo hicieron de manera
ejemplar muchos de sus colegas autorregulándose, por renunciar al cobro.
Canalizar dinero público para hacer beneficencia duplica innecesariamente la
política social que se ejecuta desde el Ministerio respectivo y podría ser
interpretado como una forma de proselitismo encubierto dado que se asigna bajo
criterios discrecionales.
El presidente del Congreso debería promover un debate interno
conducente a una reforma del reglamento de modo de ajustar y precisar la medida
en cuestión. El Congreso representa una de las instituciones centrales en el
esquema de división de poderes del sistema republicano. Su fortaleza y
credibilidad forman parte del acervo necesario para que las leyes que sanciona
gocen de legitimidad frente a una ciudadanía que debe cumplirlas. Un Congreso
cuestionado y deslegitimado, en el juego de los sistemas presidencialistas
donde tienen que ejercer su rol de balance y control frente a un Poder
Ejecutivo fuerte y con gran capacidad de iniciativa, es un precio muy
alto que afecta directamente a la calidad institucional y al desarrollo del
país.
La representación conlleva la responsabilidad de velar por la
salud de la institución para la cual han sido elegidos pues el cargo no hace a
la persona, lo dignifica la persona con sus conductas y decisiones. La
ciudadanía espera que los políticos se postulen para servir y no para servirse
pues como reza el adagio la mujer del César no solo de ser honrada sino además
parecerlo.