jueves, 12 de diciembre de 2019

El "varón de Plutarco" en tiempos de impericias e incapacidades políticas

por Rodolfo Colalongo y Santiago Mariani

Durante los años que vivió en el exilio, entre 1955 y 1973, el político argentino Juan D. Perón mantuvo un permanente y fluido contacto con sus seguidores. En uno de los mensajes de esa larga conversación a distancia se refirió al arte mayor de los asuntos humanos: la conducción política.
Según Perón “(…) la conducción política tiene un sinnúmero de características originales que llevan a comprenderla. La política no se aprende, se comprende y solamente comprendiéndola es posible realizarla racionalmente”. La sentencia venía acompañada de una advertencia: “(…) hay hombres que toda su vida han hecho la política, pero nunca la han comprendido y otros que sin haberla hecho la han comprendido”.
El tema señalado por Perón ya había ocupado, unos siglos antes, buena parte de la reflexión de griegos y romanos en el mundo clásico. En esos años de apogeo de las formas de gobierno con ciudades-estado en Grecia o la república en Roma, pensadores de la talla de Plutarco intentaron construir tipologías de hombres con pericia y capacidad para la política. La expresión “varón de Plutarco”, acuñada por los lectores de su influyente obra Vidas Paralelas, ha sido adoptada para distinguir a políticos con virtudes superiores, algo poco frecuente en la política.
La apretada síntesis sobre este crucial asunto podría ser de utilidad para explicar el estado de la política en algunos países de la región. El denominador parecería ser la escasa virtud y poca pericia para gobernar nuestras sociedades. La acumulación de decisiones políticas en las que abunda, siguiendo lo que propone la Real Academia de la Lengua Española, una escasa “sabiduría, práctica, experiencia y habilidad en una ciencia o arte” terminan decantando en formas de incapacidad política, entendida como la carencia de aptitud política para ejecutar válidamente un cargo público.
¿Cómo explicar este rasgo político que emerge en varios de nuestros países?
Como hipótesis se podría plantear que algunas de nuestras democracias vienen siendo gobernadas por políticos que encarnan una representación que propone como eje ordenador de la sociedad la negación de la política. Esto supone dejar pasar y dejar hacer, eliminando trabas, regulaciones o medidas redistributivas que podrían dificultar o impedir el proceso de acumulación de riqueza que genera el sector privado. Los gobernantes oficiarían de custodios de ese esquema que busca subordinar la política a la economía, para que la prosperidad que se logra sacando a la política del medio, según proponen, derrame hacia todos los sectores de la sociedad. Esa concepción, negadora de la política como árbitro principal, ha logrado sobrevivir y calar hondo en las últimas décadas a pesar de los paréntesis en los que se ha logrado avanzar en sentido contrario.
Una revisión a vuelo de pájaro de algunos de los casos más manifiestos de mandatarios que navegan entre la acumulación de decisiones teñidas de impericia con la consecuente acumulación que decanta en incapacidad política podría ayudarnos a ilustrar mejor el punto.
Chile es un caso notable, aunque no el más agudo. Sebastián Piñera sucumbió al reflejo de mantener a palazos y garrotazos el modelo regresivo que la ciudadanía, o los “alienígenas” según señalara la primera dama, decidió impugnar a través de la movilización en las calles. La impericia que mostró al denunciar que había un “estado de guerra” y ordenar la intervención directa de los militares contra civiles desarmados desnudó su falta de tacto y sensibilidad para leer las consecuencias de una dinámica estructurada para concentrar el ingreso, mantener privilegios y negar a la ciudadanía bienes públicos de calidad.
La fiesta de la bonanza en la que se encontraba Chile, según la visión de Piñera y muchos otros entusiastas voceros del “modelo” lo llevaría tarde o temprano al deseado desarrollo como resultado de una dinámica que de manera “eficiente” estaría generando una economía para todos. Solo era cuestión de tiempo para que la riqueza comenzara a derramar sus frutos hacia las mayorías. El dilema de las demandas postergadas y tensiones acumuladas en estos años no necesitaba, bajo esta óptica, una resolución desde la lógica de la política; esto es, un crecimiento económico que se lograra a partir y como resultado de la introducción de mecanismos de equilibrio y mayor cohesión social. La sucesión de impericias que caracterizó a Piñera en su gobierno estalló en una incapacidad política que ha dejado a Chile en estado de zozobra.
En Colombia, a pesar de los acontecimientos en Chile y la evidencia que demanda una respuesta política distinta, Iván Duque respondió con el mismo reflejo. Se rodeó de militares para señalar en un discurso que su país no admitiría protestas como en Chile. Abrió, de esa forma, el paraguas antes del diluvio, generando mayor tensión y contribuyendo a acelerar, con su impericia, el conflicto social. Como corolario estallaron protestas en forma de paro y Duque, si bien abrió la posibilidad de construir un diálogo con los sectores que están reclamando mejoras, ha negado sistemáticamente sus demandas.
La nota de color en este caso es el informe que la Misión internacional de Sabios, conformada por 46 expertos, le entregó al presidente. En el informe le dicen, para resumirlo en una frase ilustrativa, que ese animal que ladra, que tiene cuatro patas y cola es un perro. Se necesitaron casi 50 expertos, 300 páginas y un año de trabajo para elaborar un informe que le recomendó para su país políticas que prioricen la formación de los niños desde su nacimiento hasta los cinco años, la educación de jóvenes para que contribuyan al desarrollo económico, social y cultural de su entorno, el aumento de partidas presupuestarias para la investigación, una educación para el cambio climático, el cuidado de la salud, la protección del rol de los maestros y la promoción de la creatividad. La acumulación de falta de pericia lo acerca aceleradamente, al igual que su par chileno, a la incapacidad política de su gestión y la zozobra para Colombia.
El caso de Argentina, con Mauricio Macri de salida, parece ser el más notable en acumulación de falta de pericia, que deriva en incapacidad política. Macri, bajo su propuesta resumida en el eslogan “Cambiemos”, había prometido para su gestión “pobreza cero”, pidiendo que se le juzgara por los resultados que lograría en esta materia.
Sin embargo, el nivel de pobreza que le deja a su sucesor está en un 40 %, algo más de 10 puntos porcentuales de lo que recibió en 2015; la inflación anual supera el 50 %, más del doble del nivel de inflación que heredó al asumir la presidencia; y, en cuatro años de gobierno, la deuda externa logró triplicarse y escalar a más del 80 % del PIB, con compromisos de vencimientos para el año 2020, que resultan impagables para una economía como la argentina.
La incapacidad política desplegada por Macri es denegada con un mensaje de despedida triunfalista, a pesar de la negatoria en las urnas a su pretendida reelección. Un caso así, de insolvencia política autoinfligida y denegada, requeriría la intervención de la psicología para su comprensión y corrección.
Bolsonaro viene avanzando rápidamente y todos los pronósticos parecieran asegurar que finalizará como el ganador en esta maratón regional de incapaces políticos. Su añoranza de las “bondades” de la dictadura que gobernó su país entre 1964 y 1985 está acompañada de una creencia sobre la existencia y vigencia del comunismo. Anclado en la Guerra Fría y convencido, en sus alucinaciones, de que el Muro de Berlín todavía sigue en pie propone combatir sin tregua a ese “comunismo” que entiende a la política como el mecanismo para lograr una sociedad más equitativa, inclusiva y justa. Para ello, está impulsando un nuevo partido político que ha sido creado con casquillos de armas como resumen de lo que demanda y precisa su cruzada moral.
En la vereda de enfrente, el presidente Maduro también pasó de la impericia a la incapacidad política, pero por otras razones que están regadas por un mar de petróleo que obtura las posibilidades de Venezuela desde hace varias décadas. La subordinación, de manera autoritaria, de todas las esferas de la sociedad al proyecto político del chavismo, siguiendo los consejos que le daba el pajarito, generó la mayor emigración venezolana en la historia de ese país y una destrucción del sector privado, retrasando el reloj de la historia a la época del totalitarismo.
La sucesión de actos de impericia que se acumulan para derivar en impotencia política no pareciera abrigar vientos de cambio para nuestra región. En el club regional de los incapaces políticos, que hemos sabido conseguir, el mal que nos agobia pareciera ser la consecuencia de una concepción política que niega a la política, con representantes al servicio de minorías que buscan subordinar la construcción de mayores niveles de cohesión y un sentido de comunidad a los dictados de la acumulación de capital y de una inserción de nuestras economías en el comercio internacional como meros proveedores de materias primas.
Ese “varón de Plutarco” parece esquivo en nuestros países y, como muestra la historia, se trata de una excepcionalidad, una rara avis entre los políticos. Seguir esperando o apostando a que llegue para salvarnos de la incapacidad para gobernarnos no pareciera ser el mejor camino por seguir. Quizá tengamos que barajar y dar de nuevo para lograr, a través de demandas más permanentes y efectivas, que quienes son elegidos para la conducción y la toma de decisiones por todos nosotros hagan un mayor esfuerzo por comprender la política.
Fuente: http://lanotaeconomica.com.co/opinion/columnas/el-varon-de-plutarco-en-tiempos-de-impericias-e-incapacidades-politicas.html

lunes, 1 de abril de 2019

El liderazgo político en tiempos de desafección ciudadana

Por Santiago Mariani
La expresión “crisis de representación política” para señalar el principal desafío que nuestras democracias enfrentan se ha convertido en algo recurrente. La reiteración del término responde a los numerosos estudios de opinión y encuestas que desde hace tiempo registran una ruptura del vínculo de confianza entre ciudadanos y aquellos que reciben un mandato para representarlos. Los datos muestran que esta tendencia a operar con niveles decrecientes de legitimidad es un fenómeno generalizado y destinado a perdurar.
Ese monstruo que carcome la dinámica de los sistemas políticos, tanto en democracias precarias como algunas de las más consolidadas, ha motivado incontables artículos y movilizado algunos esfuerzos encomiables para mitigar sus efectos. Aunque mucha agua ha corrido bajo el puente, su persistencia se confirma y no se avizoran cambios por el momento, o por lo menos las alternativas que están surgiendo parecieran inclinar la balanza de manera negativa.
La desafección ciudadana que caracteriza a este entripado puede constatarse en la orfandad del espacio que conforma el centro. Las propuestas centristas y moderadas pierden brillo como opciones políticas para abordar y solucionar los problemas que agobian a nuestras sociedades. Mientras las fuerzas centrípetas que tradicionalmente encarrilaban la política hacia ese lugar del espectro van perdiendo credibilidad y no encuentran interlocutores atractivos que entusiasmen a las mayorías, las fuerzas centrífugas que se ubican en los extremos pasan a la ofensiva con capacidad de movilizar voluntades y entronar liderazgos que ofrecen recetas de corte autoritario. 
Esas propuestas provenientes de los sectores más reaccionarios carecían hasta hace poco de posibilidad real de éxito electoral, pero se están convirtiendo en atractivos faros que encandilan a la política a costa de una polarización que crece por doquier. La receta que intentan vendernos para recuperar el paraíso perdido reside en una firme defensa contra los demonios que nos acechan. El extravagante menú apunta a desfinanciar prestaciones básicas, cancelar programas sociales, cerrar fronteras, negar derechos elementales e incluso premiar a los ciudadanos que matan un delincuente, como acaba de sugerir el líder de la agrupación VOX de España.
El desaguisado en el que estamos metidos es una madeja muy compleja de desenredar. Los atajos y remedios simplistas en boga no parecieran ser las soluciones de fondo que nos sacarán del pantano, pero el contexto de enojo, cuestionamiento y desesperación que aqueja a gran parte de la ciudadanía convierten en apetitosas las propuestas reaccionarias que están logrando cuajar como posibilidad política en distintos lugares.
El origen de esta situación debemos rastrearlo en los efectos perniciosos de políticas regresivas que conviven con nosotros desde hace varias décadas. Luego de las crisis económicas que sacudieron al mundo en los años setenta, la prédica de ciertos sectores académicos que postulaban la aplicación de medidas favorables a la acumulación de capital en manos de actores privados para generar una dinámica económica más eficiente, un planteo minoritario y radical, encontró adeptos y apoyo en ese contexto particular.
El credo postulaba que una mejor asignación de recursos e inversión tendría lugar si se permitía la acumulación de capital en el sector privado en vez de seguir canalizando la renta pública a través del estado. Se debía procurar esa acumulación para que pudiera producirse un derrame que recuperara la prosperidad perdida. Si bien es cierto que había sectores ineficientes que debían salir de la órbita de los estados, la nueva ola descalificó su rol en la dinámica económica y social.
Las consecuencias no tardaron en llegar. Los procesos de liberalización y desregulación que se articularon para que esa acumulación de capital tuviera lugar produjo, con el tiempo, la concentración más brutal del ingreso que hemos vivido en toda la historia de la humanidad. El carácter regresivo de esta dinámica desfinanció y debilitó la capacidad de los estados para poder introducir equilibrios, distribuir la renta, cohesionar las sociedades y mantener un piso de igualdad de oportunidades.
La implementación del credo precisó de la aquiescencia de gran parte de la clase política que en algunos casos compró el argumento, pero en otros actuó en directa complicidad. Los medios de comunicación también jugaron un papel determinante. La resultante fue la concentración de un inmenso poder de influencia sobre la política y los medios de comunicación. La política terminó acorralada y vio reducido su margen de maniobra para implementar alternativas correctoras y en los medios de comunicación se amplificaron las supuestas bondades de las políticas en cuestión, quedando pocos espacios críticos. El círculo vicioso que se supo construir con semejante desbalance de poder produjo un sabor muy amargo para las mayorías que debieron asumir las consecuencias. 
En América del Sur, donde se aplicaron con mayor fuerza estas políticas, hubo una reacción ciudadana a finales de los años noventa que apoyó un liderazgo revisionista. Una vez en el gobierno pusieron en marcha algunas medidas destinadas a amortiguar la devastación que habían dejado los procesos de ajuste estructural. Las políticas lograron reducir en parte la pobreza, aunque de manera coyuntural, pero no hubo mejoras sustanciales en la prestación de  bienes públicos o mejoras en la calidad de vida a pesar de los cambios introducidos. El formato de alta concentración de los ciclos de acumulación permaneció intacto mientras el enorme poder de influencia penetró también en algunos de esos liderazgos críticos a través de redes de corrupción al más alto nivel.
El descrédito y la desconfianza, al fracasar los proyectos revisionistas, profundizaron todavía más la brecha entre ciudadanos y políticos.  La situación generó un marco para que algunos profetas pudieran conectar con ciertos sectores a través de propuestas simplistas y reaccionarias. La emergencia de personajes como Jair Bolsonaro fue el efecto retardado de una marea que había comenzado en democracias más consolidadas.
Donald Trump en Estados Unidos ha sido el adalid del impulso a medidas duras, pero encontró frenos y contrapesos institucionales que evitaron, hasta el momento, que la mayoría de sus intentonas se concretaran. El país, sin embargo, se mantiene fracturado y en una tensión exasperante que imposibilita un consenso mínimo sobre temas cruciales como el desafío de la hiperconcentración de la riqueza, la relocalización de empresas y el cambio tecnológico, fenómenos que están afectado gravemente a la economía y sociedad estadounidense.
En este desafinado concierto sorprende el caso de gobernantes que logran mantener un alto nivel de aprobación en su gestión de gobierno. Uno de esos casos es el de Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, quien está ejerciendo un liderazgo que posibilita ilusionarnos con un camino alternativo de salida al intríngulis que nos agobia.
En diversas crónicas se describe la cercanía permanente que ejerce con sus compatriotas, conectando con cada uno de ellos de manera afectuosa, transmitiendo sinceras palabras de consuelo y esperanza. Ese despliegue de humanismo en contacto directo con la ciudadanía es algo que Rebelo de Sousa cultiva para intentar recomponer el vínculo que se ha roto. Aunque necesarios los gestos para recrear la esperanza y torcer el rumbo, serían insuficientes de no estar acompañados de decisiones concretas.
El contacto con la base es lo que sirve de apoyo y sustento para llevar adelante posteriormente políticas que serán resistidas por inmensas fuerzas. Desde abajo hacia arriba, como propone este político portugués, se pueden entonces apalancar algunos de los cambios que terminan por respaldar la credibilidad que pone en juego en el terreno y que mejoran sustancialmente la calidad de vida de los ciudadanos.
Las políticas que empuja Rebelo de Sousa no solo van a contramarcha del credo del derrame, sino que también permiten reducir los niveles de déficit y asegurar la estabilidad macroeconómica. En el corazón de las medidas está una mayor carga fiscal sobre los sectores que más ingresos generan de modo de poder financiar políticas universales de educación y salud. Es una política que buscar recuperar el sentido ético perdido en la búsqueda sin equilibrios de la eficiencia económica.  
El caso de Portugal, con un ejercicio de liderazgo político ejemplar, demuestra que el capital no huye cuando se graba a los sectores de mayores ingresos y que por el contrario el vínculo con la política se reafirma en la posibilidad de una común unión en la que además del ejercicio de libertad, la fraternidad hace posible una mayor igualdad de oportunidades.

Jacinda Ardern, "el sueño sigue vivo"

por Santiago Mariani

El 15 de marzo de 2019 se desató en Nueva Zelanda, un país reconocido por su apertura a la diversidad y hospitalidad con los inmigrantes, la peor tragedia de su historia como nación. En esa jornada un supremacista blanco descargó su odio en la mezquita de Al Noor, en la localidad de Christchurch, contra los feligreses que, con motivo del día del rezo de los musulmanes, se encontraban allí celebrando pacíficamente su culto religioso. La masacre con las armas semiautomáticas que utilizó el atacante comenzó en Al Noor y prosiguió en la mezquita en Linwood. Hubo 49 víctimas fatales y 48 heridos de distinta gravedad como consecuencia de los actos terroristas. 

El responsable de esta indiscriminada masacre, planeada y premeditada durante dos años según informó la policía de nueva Zelanda, plasmó las razones de su delirante proceder en un manifiesto de 72 páginas en el que apunta contra el supuesto peligro que entraña para los blancos la “invasión” de inmigrantes seguidores del islamismo.

La tragedia conmovió los cimientos de la sociedad de Nueva Zelanda. La primera ministra Jacinda Ardern se dirigió a sus compatriotas desde el Parlamento con un discurso sereno, empático, pero firme.  En su alocución señaló que el principal sospechoso de la barbarie, un hombre blanco de 28 años enfrentaría “toda la fuerza de la ley de Nueva Zelanda” y que los familiares de los caídos encontrarían justicia. En otro emotivo pasaje remarcó su negativa a pronunciar el nombre del atacante: “El puede haber buscado notoriedad, pero en Nueva Zelanda no le daremos nada. Ni siquiera su nombre”.  La original propuesta estuvo acompañada de un pedido al resto de sus compatriotas de nombrar y recordar solamente a los que perdieron la vida.

Después de su discurso, la jefa del gobierno se abocó a llevar consuelo a los familiares de las víctimas. En las imágenes que se difundieron se la puede ver abrazando a los deudos, con ojos llorosos y susurrando palabras de alivio mientras lleva el yihab en su cabeza como señal de respeto. Su mensaje de consuelo estuvo acompañado de declaraciones públicas en las que enfatizó que la comunidad inmigrante atacada formaba parte de su país, “ellos son nosotros”. Además de las diversas muestras de compasión que realizó en persona, visitó a líderes musulmanes a los que aseguró, según trascendió, que su principal tarea consistiría en “garantizar su seguridad, su libertad de culto y su libertad para expresar su cultura y religión”.

La concordia ensayada por Ardern a través de declaraciones y gestos apaciguadores marcaron el tono de la respuesta de su gobierno ante la barbarie. El ejemplo contagió e inspiró a sus compatriotas que respondieron con gestos similares hacia la comunidad musulmana. La actitud de su líder, en momentos de zozobra y desesperación, parece haber sido crucial para que los ciudadanos desplegaran sus mejores valores a través de muestras de compasión, respeto y consideración con sus semejantes.

Pasaron solo unos pocos días de la tragedia para que una decidida primera ministra anunciara medidas concretas destinadas a evitar que las armas semiautomáticas y automáticas, así como los accesorios que las convierten en esa condición, puedan caer nuevamente en manos de cualquiera. Su actitud marcó una diferencia con los líderes de otras sociedades países que vienen siendo jaqueados, desde hace años, por ataques con armas de guerra y que a pesar de este flagelo los intereses particulares logran frenar cualquier intento de regulación. En Nueva Zelanda la primera ministra ha decidido rápidamente priorizar los intereses generales de su comunidad para evitar o minimizar la posibilidad de un nuevo ataque.

La implementación de la prohibición anunciada rondaría entre los 100 a 200 millones de dólares, un costo que están dispuestos a asumir en este país para lograr mayor seguridad. La medida impulsada por la primera ministra, que entraría en vigor en el mes de abril, implica afrontar varios desafíos para su éxito como recuperar el armamento de grueso calibre que se encuentra en manos de los ciudadanos de Nueva Zelanda, que superarían el millón de unidades, o impedir una compra frenética de nuevas armas antes que comience a regir.

Además de las medidas impulsadas, Ardern también se pronunció sin tapujos sobre la necesidad de mayor control y la responsabilidad que deben asumir las empresas que gestionan las redes sociales. La premisa de la primera ministra sobre la regulación del uso de las redes representa una clara toma de posición frente a los que defienden una irrestricta libertad de expresión. Hay creciente evidencia de uso propagandístico de las redes sociales con fines de odio, violencia y fanatismo. La capacidad de alcanzar audiencias de fanáticos en muchos lugares podría explicar de alguna manera la relación de cierta causalidad entre un uso malicioso de las redes sociales con el avance de opciones políticas reaccionarias basadas en plataformas que propugnan el rechazo a la inmigración, el nacionalismo xenófobo y la negación hacia la diversidad.

El mensaje conciliador, integrador y de respeto hacia la diversidad esgrimido por Jacinda Ardern como respuesta a la brutal masacre en su país, ha despertado admiración y esperanza en diversas latitudes. Su valiente prédica y las medidas impulsadas van a contracorriente de una marea política que jaquea desde los extremos con propuestas regresivas que promueven una agenda divisoria, de exclusión y promoción de intereses particulares en contra de los intereses generales.

El ejercicio de liderazgo que está desplegando, a tono con sus creencias, es un faro que vuelve a poner luz sobre la empatía, el cuidado y respeto hacia la diversidad, un valor que nos distingue como seres humanos, pero que viene perdiendo brillo ante propuestas reaccionarias que encarnan jefes de gobiernos autoritarios que encandilan a seguidores en varios países con sus propuestas retrógradas.

Los vientos que soplan generan un contexto en el cual resulta más cómodo acoplarse a la tendencia política que propone respuestas simples y efectistas a problemas complejos. La alternativa que nos propone esta joven política de Nueva Zelanda la coloca, por el contrario, en un lugar de cierta incomodidad porque supone movilizar a la ciudadanía a enfrentar estos desafíos de otra manera, sin complacencia ni atajos, asumiendo lo mejor de la condición humana y todo aquello que nos hace civilizados. La forma de ejercer liderazgo de la primera ministra de Nueva Zelanda nos recuerda, parafraseando al senador Ted Kennedy, que “el sueño sigue vivo”.

martes, 4 de septiembre de 2018

La reforma política y sus efectos en Perú - Estudios de Política Exterior

Fecha: 4-9-18
por Santiago Mariani
La delgada cuerda sobre la que se balancea la gobernabilidad peruana se ha tensado al extremo con la reciente aparición de audios que evidencian tráfico de influencias entre jueces de distintas instancias e integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. El calibre de los audios confirma acaso las peores presunciones sobre la precariedad en la que operan las instituciones públicas en Perú.
El hecho arrojó más leña a la hoguera de esa desafección ciudadana que hace tiempo devora la legitimidad institucional. Las protestas y movilizaciones en las calles se dispararon. El presidente, Martín Vizcarra,respondió rápidamente anunciando diversas reformas que serán consultadas a la ciudadanía. La iniciativa le ha permitido retomar la iniciativa política maniatada por la mayoría fujimorista que domina el congreso unicameral desde mediados de 2016. Las expectativas generadas abrieron una oportunidad para introducir reformas estructurales.

Reformas propuestas y posibles efectos

El contenido de la reforma político-electoral anunciada –a falta de mayor detalle– y los efectos que podrían tener sobre la dinámica política, asunto que aborda este artículo, podrían generar mayores problemas de no mediar una calibración precisa basada en rigurosa evidencia.
La propuesta relativa al control del origen y los montos del financiamiento que se destina desde el sector privado a las campañas electorales, parece ser la que menor discusión genera dentro del universo del paquete de la reforma político-electoral debido a sus efectos virtuosos. En línea con la práctica que se viene expandiendo en la región, debería incluir financiamiento público, de modo que disminuya, aunque no evite totalmente, la influencia de los intereses particulares y la penetración del dinero de origen ilícito sobre la dinámica política.
La reintroducción de la bicameralidad es otra de las cuestiones propuestas en este paquete. El nivel de detalle acerca de las funciones, facultades, prerrogativas y modo de composición que tendría la segunda cámara todavía no está claro en la propuesta y merece una discusión a fondo. Los efectos de una bicameralidad bien estructurada podrían ser altamente positivos en un sistema político que carga la representación nacional en apenas 130 congresistas.
Un congreso bicameral, con una cámara baja con mayor cantidad de representantes por cada circunscripción electoral, elegidos bajo un criterio que respete la proporcionalidad, y una cámara alta con un número fijo de representantes por cada circunscripción electoral, ampliaría los espacios de discusión política y la representación de intereses de un sistema político que fuera drásticamente reducido en la Constitución adoptada en 1993.
El desafío de la bicameralidad supone también convencer a la ciudadanía de la oportunidad y necesidad de su reintroducción. El nivel de rechazo hacia el congreso es muy alto en la actualidad y la ciudadanía se muestra mayoritariamente reacia a considerar una ampliación de la cantidad de representantes y de contar con una cámara extra. El peligro de someter esta reforma a una consulta ciudadana reside en que pueda ser rechazada de plano y quede descartada de no incluir un previo esfuerzo, por parte de las autoridades, dirigido a explicar las bondades que generaría en un sistema político que transita con severas dificultades.
La eliminación de la reelección de los congresistas es la propuesta que mayor apoyo recibiría en la consulta ciudadana, aunque es probablemente la que mayores efectos negativos generaría en la dinámica política. La evidencia sobre los efectos que ha tenido la eliminación de la reelección para los gobernadores regionales y alcaldes, una reforma reciente con alto nivel de apoyo, ha sido estudiada por la politóloga de la universidad del Pacífico Paula Muñoz. En el seguimiento a esta reforma que impide postularse inmediatamente después de un período a cargos ejecutivos en regiones y alcaldías ha sido, según Muñoz, la creciente presencia de parientes que se postulan para continuar en esos cargos.
En el caso del Congreso, la tasa de reelección ya de por sí es muy baja. En cada legislatura una mayoría de los representantes que llegan son neófitos, sin experiencia política previa y solamente se quedan por un período. La experiencia acumulada en el ejercicio de la representación debe ser alentada para fortalecer la calidad de labor congresal. Un Congreso sin posibilidad de reelección inmediata generaría una mayor tasa de rotación a la que ya existe y menores niveles de experiencia política de los que se registran en los parlamentarios en la actualidad.

Un contexto único para la introducción de reformas

La posibilidad de introducir reformas para un mejor funcionamiento del sistema de justicia y del sistema político, que se abrió súbitamente a partir del entusiasmo ciudadano generado por el anuncio de una consulta, representa una oportunidad que difícilmente se volverá a producir en los próximos años.
La última vez que en Perú se generó una coyuntura semejante fue durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua hace casi ya dos décadas. Las condiciones en ese entonces no eran tan favorables como las que se presentan ahora. El tiempo que disponía el gobierno de Paniagua para hacer la tarea era menor, las condiciones macroeconómicas eran de mayor vulnerabilidad y los niveles de pobreza muy superiores.
Las mejores condiciones estructurales y el apoyo que recibirían las reformas a través de la consulta anunciada, según registran las primeras encuestas de opinión, deberían ser incentivos positivos sobre aquellos que deben adoptar los cambios que las mayorías demandan. Las reformas estructurales que finalmente se introduzcan en esta coyuntura determinara si Perú continúa con una precaria democracia de ciclos interrumpidos de expansión económica y permanentes tensiones, pugnas y frustración colectiva, o si se abre por primera vez en su historia un largo ciclo inclusivo de prosperidad y mayores oportunidades.
https://www.politicaexterior.com/latinoamerica-analisis/la-reforma-politica-posibles-efectos-peru/

martes, 21 de agosto de 2018

Corrupción en América Latina: la Argentina de los Kirchner - Estudios de Política Exterior

21-8-18
El corrosivo entramado de corrupción entre políticos y empresarios sigue generando novedades en diversos países de América Latina. La última en este tsunami que nos agobia ha sido el giro que se produjo en Argentina a partir de las confesiones de Oscar Centeno, el chofer del automóvil en el que se transportaban los bolsos de dinero destinados a los pagos que los empresarios realizaban al expresidente Néstor Kirchner. Los detalles registrados por Centeno en una serie de libretas que terminaron en la justicia, después de pasar por las manos de un periodista, describen de manera minuciosa una madeja de complicidades en la que se otorgaban obras públicas de manera direccionada a cambio de jugosos retornos.
La cadena de felicidad, orquestada desde la cima del poder, continuó aún después de muerto Kirchner a través de su esposa Cristina Fernández, que lo había sucedido en la presidencia. Ese modus operandi, registrado puntillosamente por Centeno durante diez años, es lo que en estos días están confirmando los distintos personajes que desfilan por los estrados judiciales argentinos como arrepentidos. A los testimonios de los empresarios involucrados que abrieron las puertas del infierno ha seguido una catarata de delaciones de funcionarios de máxima confianza que respondían directamente al matrimonio Kirchner.
El caso, tanto por la magnitud de los montos en cuestión como por la posición en la escala de poder de los involucrados, presenta algunas similitudes con la operatoria montada entre la empresa Odebrecht con los máximos niveles políticos de los países donde operaba. El accionar de periodistas de investigación, fiscales y jueces está posibilitando sentar en el banquillo a quienes supieron concentrar y ostentar un poder orientado a estructurar una madeja de obras públicas con retornos millonarios. No se registra antecedente alguno en Argentina ni en la región con tantos empresarios y funcionarios recorriendo los tribunales por sospechas de corrupción.
La “persecución política” como argumento principal para evitar rendir cuentas se desinfla ante las contundentes evidencias y ante las garantías plenas que detentan los investigados para su defensa. El intento de desvirtuar a la justicia no pareciera encontrar demasiado eco positivo. Los regímenes que de manera sistemática persiguen, encarcelan y silencian opositores, como ocurría bajo regímenes dictatoriales, son ahora una excepción en la región. El habernos inoculado contra estos males representa uno de los avances más concretos que hemos conseguido desde la recuperación de la democracia.

El lastre histórico de la corrupción

Los logros que debemos anotar, todavía encuentran grandes desafíos. La corrupción pareciera ser el mayor de ellos. La explicación al fenómeno habría que buscarla en la constitución de un patrón de colusión entre las altas esferas del poder político y económico, un lastre producto de largas décadas de inestabilidad política, interrupción de proyectos democráticos con aventuras militares y concentración de poder que calaron hondo en la cultura política local. Las reglas de juego informales que se forjaron a lo largo del tiempo fueron heredadas por las democracias que comenzaron a reinstaurarse a finales a los años setenta. Esas reglas, que no forman parte de la legalidad formal, lograron persistir para convertirse en normas de juego estables.
El andarivel subterráneo de modos informales de interacción que se estructuraron en ese largo recorrido de interrupciones, discontinuidades e inestabilidad se ha visto potenciado durante la reciente etapa de bonanza y expansión económica que la región tuvo durante los primeros años del siglo XXI. La precariedad institucional parece entonces ser inconveniente, o potenciar problemas de magnitud, cuando mayores ingresos fiscales engrosan las cuentas públicas. La existencia y supervivencia de estas reglas informales que están saliendo a la luz conforman el principal obstáculo para avanzar hacia mayores niveles de inclusión y desarrollo en la región, un anhelo que las mayorías demandan a democracias que todavía no se muestran a la altura de ello.
El camino contrario pareciese haberse recorrido en las democracias de Chile y Uruguay, que acumularon una tradición histórica con partidos políticos y mayor estabilidad institucional. Hubo un papel protagónico de las elites políticas que privilegiaron, por sobre cualquier interés, un juego de mayor estabilidad y continuidad en las reglas acordadas. La dinámica política en estos países, una vez que recuperaron la democracia, se ha caracterizado por un juego político tributario de una tradición que produjo resultados distintos en materia de desarrollo. La corrupción, a diferencia de lo que ocurrió con sus vecinos, no pareciera haberse convertido en un magma corrosivo que pone en jaque a todo el sistema.

Respuestas ante la corrupción

En los países donde el flagelo de la corrupción está minando precarias democracias, las respuestas que se ensayan son variadas y el pronóstico sobre su resultado es todavía un interrogante. Mientras que en Argentina el presidente, Mauricio Macri, ha anunciado que no defenderá a nadie, apostando por una salida a través del accionar de la justicia, en Brasil el panorama se presenta más complejo. La salida forzada del poder de Dilma Rousseff, orquestada por parte de quienes pesan graves sospechas de corrupción, ha dejado el sistema político con respirador asistido y con final abierto en el próximo proceso electoral. Los militares y los grupos más reaccionarios asoman su cabeza a través de un candidato que propone los métodos más retrógrados para sacar a Brasil de la crisis. En Perú, el presidente Martín Vizcarra, jaqueado por un congreso dominado por un fujimorismo que intenta blindar una justicia que ha colapsado por los escándalos de tráfico de sentencias, intenta empujar una reforma política y judicial a través de un referéndum ciudadano. La propuesta luce mejor orientada en materia judicial que en materia política donde busca eliminar la reelección parlamentaria, una medida popular, pero que podría debilitar aún más a la política en Perú.
Las democracias se tambalean y podrían sucumbir ante derivas autoritarias si no logran incorporar reglas de juego distintas con mecanismos que aseguren su asimilación y supervivencia como norma estable en la dinámica económica, política y social. El devenir de estos ensayos dependerá finalmente de la manera que las élites conjuren las formas subterráneas que corroen los cimientos de democracias que son ya precarias. Los cambios y consensos que se necesitan articular podrían sucumbir ante los redentores que ya asoman con ofertas de atajos y encandiladoras promesas a ciudadanos que están hastiados, descreídos y enojados.
https://www.politicaexterior.com/latinoamerica-analisis/corrupcion-america-latina-la-argentina-los-kirchner/


miércoles, 25 de julio de 2018

Los límites de la democracia colombiana - publicado en Con Distintos Acentos

por Rodolfo Colalongo y Santiago Mariani

El pasado 17 de junio, Colombia escogió en segunda vuelta a Iván Duque como su presidente. Por un lado, el candidato del Centro Democrático y pupilo del expresidente Álvaro Uribe Vélez se impuso con un 53% de los votos frente al 43% que obtuvo Gustavo Petro, ex guerrillero de la Coalición “Petro Presidente”. En la campaña que dirimió la contienda, el proceso de paz fue una de las cuestiones que mayor tensión generó. El Centro Democrático con Uribe a la cabeza logró aglutinar bajo su ala a la facción que cuestionaba la iniciativa más ambiciosa de la presidencia de Santos. En el otro lado de la alambrada, la victoria de Duque hizo sonar todas las alarmas por los interrogantes que se abren para la consolidación del proceso de paz y de las instituciones de la democracia en Colombia.
A partir de la nueva configuración política en Colombia, intentaremos revisar y plantear los diversos escenarios que se abren con la victoria de Duque y los principales dilemas que podrían tener lugar en la dinámica de la política colombiana. El enfoque de este breve ensayo gira esencialmente, aunque no exclusivamente, en torno al proceso de paz, la cuestión que a nuestro criterio resulta medular en el futuro de este país y posiblemente, de la región.
La revisión y el retroceso de la paz negociada entre Santos y las FARC es el objetivo más ambicioso de un uribismo, a través de Duque, que busca revancha en su regreso al poder. La consolidación del proceso de paz, que tanta nausea le genera a Uribe terminaría con el conflicto armado interno má largo de la historia reciente y con el único conflicto de la región que ha tenido esos niveles de violencia. El principal argumento opositor al proceso que sedujo a los votantes que eligieron a Duque gira en torno a la falta de castigo a los máximos responsables de los crímenes que se cometieron en Colombia y el “premio” en forma de curules en el congreso con su incorporación a la política, la obtención de financiamiento para formar un partido político, y una justicia especial para la paz que privilegia la verdad y la reparación por encima de la justicia penal. El relato del cuestionamiento a todo lo que implica la paz junto con la supuesta amenaza de la instauración del “castro-chavismo” por parte de la opción liderada por Petro, principal representante de la izquierda colombiana, puso en guardia a esa mayoría de colombianos que le dieron la victoria a Duque. Esa simplificación sobre el sector de oposición que encontró eco favorable durante la campaña no representa toda la historia ni lo que está en juego.
Habiendo culminado el proceso electoral y los fuegos de artificio que impactaron en la psiquis de muchos votantes, un punto esencial en la dinámica política que se abre es determinar hasta dónde el proceso de paz en marcha corre peligro con la llegada de Duque a la presidencia. Un retroceso suena algo descabellado sobre todo si tenemos en cuenta que, desde el punto de vista político, jurídico y económico, la jugada podría ser catastrófica para el nuevo gobierno. Desde el plano político, no pareciera posible su reversión porque casi la mitad de la población colombiana votó por el candidato de alternativa Petro que representa el sector que apoya la paz; mientras, en el plano jurídico existe un andamiaje legal nacional e internacional creado para blindar los acuerdos, recordemos que la Corte Penal Internacional, de la cual Colombia forma parte dio el visto bueno a los acuerdos; y por último, en el plano económico, existe un compromiso de movilización sustancial de recursos locales e internacionales para hacer viable la implementación de lo acordado. Ello supone también cuantiosas inversiones que podrían llegar al país atraídas por las enormes posibilidades de rentabilidad que asegurarían un mercado con menores niveles de conflictividad política.
Como parte de esa coyuntura, debemos señalar que la amplitud de derechos que los colombianos supieron afianzar durante estos últimos años les permitió un ejercicio de los mismos que difícilmente estén dispuestos a revisar. La participación en los procesos electorales y el apoyo público a los candidatos de su preferencia, sin temor a represalias, el poder volcarse masivamente a las calles para repudiar actos de violencia o para reclamar por derechos, conforman notables avances que fueron posibles por las condiciones del proceso de paz. Los logros y conquistas que tanto costaron no podrán ser fácilmente conculcados por los sucesivos gobiernos.
Hay que anotar también un creciente acceso y uso de las redes sociales como canales para expresar ideas. Ello refuerza la tesis de que una vez que se alcanzaron ciertos derechos civiles y políticos y que la población se apoderó de ellos, es muy difícil volver atrás. La revisión y retroceso a este contexto, en el que la paz es la viga principal que sostiene un edificio de mayor perspectiva democrática representaría un costo político muy alto para el mandatario entrante. Al costo interno se le sumaría otro internacional, con base en el respaldo unánime conseguido por el expresidente Santos. La comunidad internacional y en especial la región apoyaron el proceso e incluso lograron que las instituciones internacionales, en especial Naciones Unidas, colaboraran en todo lo necesario para la culminación exitosa de lo negociado en la Habana. El apoyo internacional cosechado, cabe recordar, que no solo fue político sino institucional y económico.
Si bien el relato que más entusiasmó en esta elección fue el que lideraron Uribe y Duque, los resultados obtenidos hasta ahora, a un año y unos meses más de la firma del acuerdo y gracias a la terminación del conflicto armado, representan en conjunto datos objetivos y concretos de una marcha que no parece factible de ser impugnada. Según el Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz, en el proceso se han entregado cerca de 9.000 armas, se alcanzó la tasa de homicidios más baja en la historia de Colombia hasta enero del 2018 con 24 homicidios cada 100.000 habitantes, en 673 municipios afectados por las minas antipersona, hay unos 180 que ya están libres de ellas, generando una reducción en 2017 del número de víctimas en un 97% comparado con el 2006. Si bien, hasta ahora solo se ha realizado un 18.5% de lo acordado y se ha tramitado 12 de las 34 medidas previstas para el primer año de implementación del acuerdo, lo cierto es que las cifras revelan un avance en materia de derechos humanos y desmovilización sin igual en la historia del conflicto colombiano.
La coyuntura, tal cual se presenta, parecería entonces indicar que Duque se centrará en intentar llevar adelante los ajustes institucionales necesarios para que el expresidente Uribe salga ileso de la “persecución jurídica”, de la que según alega es víctima, sin que ello suponga patear el tablero de la gobernabilidad y revisar in totum los avances conseguidos con la paz. Además, por supuesto de que el nuevo gobierno intentará ejecutar algunos cambios al proceso de paz acordado, aunque sin afectar su esencia, esto es, sin detener la implementación de la paz con sus acuerdos respectivos.
La hipótesis sobre la baja probabilidad de revertir o debilitar el proceso de paz, podría reforzarse aún más con la situación que se vive del otro lado del mostrador. Las FARC han quemado las naves y sería muy difícil un regreso a las armas con sus miembros ya identificados públicamente, con gran parte de su arsenal destruido y con sus caletas descubiertas. Más importante es el hecho de la falta de voluntad política de sus altos mandos de retomar la lucha armada. El punto es que, si a pesar de todo ello decidieran de todas maneras regresar a la lucha, el riesgo de ser derrotados militarmente por el ejército, en esta ocasión, sería mucho mayor. Las óptimas condiciones que consiguieron en la mesa de negociaciones como canje a su desmovilización, parecieran ser incentivos suficientes para desalentar el regreso al conflicto.
Finalmente, más allá del tema del acuerdo de paz, existe otro interrogante que surge con la llegada de Duque a la presidencia, y es el que parece girar en torno a los cambios institucionales sugeridos por el Centro Democrático sobre la administración de la justicia. Los cambios que se proponen tienen a Álvaro Uribe Vélez como su mayor abanderado, es así que este ha sostenido lo siguiente: “…sentíamos respeto reverencial por nuestra justicia y nuestra corte mayor. Hoy se ha perdido. A ello han contribuido varios elementos, la proliferación burocrática de instrucciones de justicia, la penetración e interferencia de la politiquería y que muchos administradores de justicia cayeron en cruces de gajes y favores del Ejecutivo y con otros órganos del Estado”. Para recuperar esa confianza, que según el senador se ha perdido, la propuesta que es apoyada por el presidente electo es una unificación de las altas cortes en una sola, que incluye a la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Nacional Electoral.
La reforma en cuestión reviste un doble peligro, tanto por la unificación que concentraría en menos instancias las decisiones judiciales, como también por la forma que terminaría conformada esa sola corte.  La evidencia sobre el proceder en las designaciones demuestra, a nivel regional, que el ejecutivo tiene una alta incidencia en la designación de los jueces que conforman el alto tribunal, incluso cuando debe pasar por un control y aprobación por parte del congreso. Una justicia con menos instancias de revisión y con menos jueces, tendría mayores probabilidades de ser penetrada y quedar a merced del tráfico de influencias o simplemente como un apéndice de los deseos del ejecutivo. Las altas cortes que funcionan en la actualidad garantizan de mejor manera pesos y contrapesos jurídicos, que por ejemplo en su momento sirvieron para frenar las ambiciones reeleccionistas del propio Uribe.  Los límites del sistema democrático colombiano serán puestos a prueba con la idea de esta reforma. El retroceso en la administración de justicia podría abrir la puerta para una democracia de menor calidad y con una hegemonía política asfixiante.
El dato esperanzador para Colombia, pero también para la región, es que por primera vez el progresismo da muestras de estar estructurándose como opción política viable. Eso significa que una parte considerable de la ciudadanía colombiana está buscando alternativas y equilibrios ante estos intentos de maniatar las instituciones democráticas, pero también significa que aquellos que ven como inexorable el giro a la derecha en la región van a tener que revisar sus propias certezas.  Sino, pregúntenselo a México.

http://www.condistintosacentos.com/los-limites-de-la-democracia-colombiana/ 

martes, 3 de julio de 2018

Los cambios en España - publicado en Hipótesis Alternativa

Santiago Mariani

La lectura de los recientes y sorprendentes cambios políticos en España guardan acaso varios mensajes y posibles lecciones para redimensionar algunos de los dilemas que atraviesan a un mundo que parece resignado ante fenómenos de diversa magnitud como el regreso de las guerras comerciales, una corrosiva colusión entre economía y política que campea con impunidad, el endurecimiento de las medidas contra los inmigrantes, los nacionalismos que intentan patear el tablero de las entidades mayores a las que pertenecen y la democracia que cotiza a la baja entre mayorías ciudadanas que se sienten cada vez menos representadas por sus políticos. La convivencia civilizada y la idea de comunidad parecen resquebrajarse con las tensiones crecientes, el crispamiento de los ánimos y la desazón generalizada. Los retrocesos se acumulan de manera peligrosa para formar un conjunto abigarrado que dejan hasta las ciencias sociales con pocas respuestas.

La primera cuestión que marca el nuevo rumbo político en España, con la llegada a la presidencia del socialista Pedro Sánchez, es el ejemplo de un cambio político operado de manera civilizada, aceptando y fortaleciendo las reglas de juego, procurando minimizar la crispación y evitar una divisoria sin retorno. El modo en que se condujo este cambio dejó bien parada a una clase política que en su conjunto supo privilegiar aquellas cuestiones que están, o que deberían estar, por encima de circunstanciales carreras políticas y legítimas ambiciones de poder. Las formas, como demostraron sus protagonistas en este traspaso, hacen también al fondo de las cuestiones esenciales en toda dinámica política.  En el mundo, por el contrario, las formas políticas se devalúan por doquier con procesos de polarización que intentan desconocer la legitimidad de los rivales, con impunidad rampante que no genera costos ni cambios aun cuando la justicia se pronuncia con fallos ejemplares, con una manipulación maniquea que crispa a la ciudadanía al presentar como válida solamente las propuestas propias o con casos donde se busca alterar las reglas para eternizarse en los cargos. Los límites se hacen difusos, todo vale a la hora de conquistar los espacios de poder y nada parece frenar a gobernantes que a pesar de haber sido elegidos en las urnas, en algunos casos despliegan un ejercicio del poder que no rinde cuentas ni asume responsabilidad alguna por sus actos.

En la dinámica reciente en España hasta el propio mandatario saliente, Mariano Rajoy, mostro gestos contundentes que no abundan en otras democracias. Luego de la moción de censura, motivada por un fallo de la justicia alrededor de una trama de corrupción política que involucra a su partido, renunció a su escaño y a la posibilidad de integrarse al consejo vitalicio del estado que le permitiría mantener sus privilegios y los fueros que lo escudan de futuras investigaciones judiciales. Rajoy también renunció a la presidencia de su partido político, negándose una continuidad como líder de la oposición y solicitó su reingreso al cargo que tenía antes de llegar a la presidencia como registrador civil de la propiedad, sin tentarse por un fichaje como lobista de los grandes grupos empresariales. Con esos múltiples gestos ha mostrado que no siente ese complejo que deviene en todo político con “el dolor de ya no ser”.

El traspaso de la presidencia del gobierno, que supuso una mutación de color político,  ha sido a su vez un movimiento que no puso en juego lo construido en democracia. La operación en las alturas no modificó ni alteró la base estable que conforma un estado que, con bastante eficiencia, provee bienes públicos básicos en materia de educación, salud pública y atención a la vejez. La neutralidad del sector público estatal y su profesionalización representa probablemente una de los mayores logros conseguidos por la política española desde que inició el rumbo de la transición. El logro conseguido supone que el estado ha dejado de ser un botín a conquistar para repartir rentas entre los aliados políticos después de una victoria en las urnas, o por lo menos que en España la repartición política no pone en peligro el rol del estado como prestador de bienes públicos universales. Pero ese acuerdo que conforma el núcleo de su contrato social y que estructura su sistema de convivencia,  camina rengo con el cambio que significó el abandono de la prestación universal del sistema nacional de salud. El anuncio del gobierno, que busca recuperarla,  muestra que una democracia plena no debe doblegarse ni ceder ante poderosos intereses que buscan el beneficio y el lucro a expensas de la salud humana.  La apuesta por la salud es un mensaje para países que ni siquiera han logrado avanzar ni sentar las bases de una prestación pública de calidad en materia de salud. Es un mensaje que llega también para aquellos pocos países donde se ha conseguido implantar, pero donde  la amenaza de retroceder y anular esta conquista está a la vuelta de la esquina.

La conformación de un gabinete con presencia mayoritaria de mujeres es otro hito que debería inspirar a democracias que buscan convertirse en más plenas. Frente a la disparidad actual, que persiste a pesar del mayor debate público sobre la cuestión, no cabe esperar la buena voluntad, se debe avanzar con gestos contundentes que generen condiciones adecuadas para un acceso igualitario a los espacios de poder político en todos los niveles. La presencia mayoritaria de la mujer no fue la única novedad en la composición y modo de funcionamiento del gabinete. A la semana de su conformación tuvo que salir el Ministro de Cultura ante un escándalo alrededor de un supuesto fraude fiscal. Apenas conocida la noticia, la resolución de su salida fue inmediata y certera, evitando cualquier suspicacia de protección política indebida, marcando una clara diferencia con casos recientes en los que, a pesar de las evidencias de falsificaciones de títulos académicos  y las diversas denuncias de presiones para ocultar el desaguisado, se dio largas al asunto de una manera que impactó negativamente en la credibilidad de las autoridades públicas. 

En el tema de la inmigración es donde hay otra novedad extraordinaria en momentos donde se endurecen medidas al calor de una xenofobia que envenena el debate público y arrincona a la política. Después de los valiosos gestos de Justin Trudeau en Canadá con los inmigrantes que llegaron desesperados a su país escapando de la guerra en Siria, no cabía esperar algo similar en una Europa donde las fronteras se cierran o de parte de los Estados Unidos, donde las últimas medidas son separaciones de niños y padres que llegan a la frontera, una respuesta incalificable dentro de lo que distinguía a la democracia representativa más antigua del mundo.

El asunto es tan dramático que ni siquiera los diversos informes que dan cuenta de la necesidad de integrar millones de inmigrantes en España para sostener el rumbo económico y las futuras pensiones, influyeron para que la inmigración pudiera ser un tema que se tratara de una forma distinta en una agenda pública que no admite más que un endurecimiento sin contemplaciones. Los márgenes políticos se achican y las encuestas señalan que no hay alternativa. El presidente Sánchez, a contrapelo de estos datos y arriesgando su capital político, decidió acoger a los inmigrantes africanos que habían sido rechazados en Italia. El valioso gesto abre una cuña en Europa y en especial en una España que no debería olvidar los múltiples gestos solidarios recibidos en el pasado por parte de otros países cuando soplaban vientos difíciles en su propia casa.

Europa como proyecto comunitario y que forja su unidad sobre derechos humanos universales se ha visto severamente cuestionada por parte de algunos de sus países miembros. Con la impronta europeísta del nuevo presidente, el proyecto encuentra un nuevo aliado que se hace eco de aquella sentencia tan sabia de Ortega y Gasset sobre España como problema y Europa como su solución. No solamente Europa como proyecto de integración parece entrar en fase demodé, los recientes cambios de gobierno en América del Sur, donde la integración es todavía algo mucho más débil y precario, aunque no por ello menos estratégico para su destino, la mayoría de países que la conforman suspendieron hasta nuevo aviso su membresía a UNASUR. Sánchez pasa entonces a ser una referencia, al igual que Macrón, de todos aquellos que ven en la integración la solución a cuestiones que los propios estados nacionales no pueden resolver por sí mismos en esta etapa histórica. 
Las novedades que trae España están ocurriendo a pesar de la debilidad política de un gobierno que no goza de una mayoría en el Parlamento. Las decisiones tomadas se tornan entonces más valiosas en esa condición de supuesta debilidad porque reafirman que un líder con visión, sin importar el contexto en el que se desenvuelve, puede marcar la diferencia y regenerar las expectativas sobre lo político.  

Comentario publicado en Hipótesis Alternativa, blog del Area de Ciencia Política y de la Administración (Universidad de Salamanca)



sábado, 16 de junio de 2018

Acuerdo Argentina-FMI, comentario publicado en Estudios de Política Exterior

por Rodolfo Colalongo y Santiago Mariani
Argentina se ha convertido en las últimas décadas en un país de exasperantes desmesuras y notables excesos. Una errática trayectoria le ha otorgado un lugar prominente en los anales de la historia económica mundial. Como evidencia solo basta recordar que a comienzos del siglo XXI, mientras la ciudadanía protestaba con furia en las calles por una nueva incautación de sus depósitos bancarios, el gobierno declaraba la mayor cesación de pagos de una deuda soberana.
La recuperación de esos vaivenes traumáticos se produjo con otra marca mundial a través de la mayor restructuración de deuda de la historia. Pero apenas algunos pocos años después de la salida del abismo, que incluyó un cuantioso desembolso para cancelar la deuda que se mantenía con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno argentino anunció recientemente un nuevo acuerdo de financiamiento con el organismo. La decisión repentina de regresar al FMI, aunque se intenta disfrazar como un logro, confirma acaso un comportamiento que se torna en un patrón cada vez más previsible sobre la trayectoria de Argentina como nación.
El crédito del organismo internacional, de unos 50.000 millones de dólares –que darán algo de respiro al complejo contexto que atraviesa la economía–, conforma también otra marca inédita porque representa el mayor acuerdo de un préstamo de la entidad hacia un país miembro en toda su historia. El enorme aval conseguido engrosará los onerosos compromisos financieros que se vienen acumulando desde que Mauricio Macri llegó a la presidencia a finales de 2015. Un crecimiento exponencial de deuda soberana, como resultado de financiar el déficit público heredado, pone a Argentina en una situación de mayor debilidad estructural y a merced de los dictados de la entidad, que responden a criterios y demandas exógenas sobre las prioridades del desarrollo local. La movida dejará la deuda, según las estimaciones que figuran en distintos informes, en unos 400.000 millones de dólares aproximadamente o en niveles que están alrededor de un 70% del PBI.
La elaboración de una posible explicación de cómo se ha llegado a esta situación y el significado que tiene para un país con una historia particular como la que vincula a Argentina con el FMI, requiere revisar el diagnóstico que el gobierno tenía sobre la situación nacional e internacional al asumir sus funciones en 2015 y las decisiones que se fueron llevando a cabo a partir de su cosmovisión de la situación local y global.
La principal promesa de Macri al asumir su mandato fue devolver a Argentina al mundo, que en palabras del propio canciller argentino, Jorge Marcelo Faurie, giraba en “tener una política exterior pragmática, desideologizada pero con ideas”. En la visión del gobierno, los 12 años de kirchnerismo habían deteriorado profundamente la economía y generado un alejamiento creciente del concierto internacional. El descalabro de la relaciones exteriores se había producido como resultado de unas políticas que nos alejaron de los principales centros de poder político a nivel bilateral y multilateral –Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos, etcétera–; del acceso al crédito internacional por las deudas impagas con el grupo minoritario de acreedores internacionales que no habían aceptado los términos de la restructuración –holdouts–; un acercamiento político e ideológico con gobiernos regionales de dudosa reputación mundial –Bolivia, Ecuador Venezuela–; un decidido apoyo a la creación de organismos regionales de poca monta –Unasur, Celac–, y una mirada cómplice con iniciativas como el ALBA.
La solución planteada por el nuevo ocupante de la Casa Rosada para salir de esta dinámica de aislamiento, suponía una reversión que insertaría nuevamente a Argentina en el mundo y regeneraría la capacidad de poder acceder al financiamiento internacional. La agenda de la reinserción contenía diversas medidas, como terminar el litigio con los llamados “fondos buitres” a través de una aceptación y cancelación de la deuda reclamada, una bendición urbi et orbi al nuevo rumbo con visitas de los mandatarios de los países más poderosos a nuestro país –el dos por cuatro que bailó Barack Obama en Buenos Aires con una bella morocha argentina confirmaba que el mundo volvía a prestar atención a los argentinos–. Esa agenda internacional se completaría con una severa condena a Venezuela en los foros internacionales y el alejamiento de los organismos regionales.

Magra cosecha y lectura errónea de la realidad

Pero aquello no era suficiente. Para conseguir el objetivo de volver a generar confianza internacional, se buscó en el plano local disminuir progresivamente el déficit en las cuentas públicas mediante la eliminación de subsidios en los servicios públicos, una reducción en los haberes jubilatorios, una liberalización del tipo de cambio y los controles cambiarios, metas para controlar la inflación y eliminación al sector agropecuario de las pesadas retenciones para que pudiera ser el motor de las exportaciones. En otras palabras, una combinación de prebendas a los sectores primario-exportadores que impulsan un inserción internacional de libre cambio y unas políticas regresivas de los ingresos en el mercado interno.
Los buenos resultados conseguidos en las elecciones de mitad de término parecían confirmar que el rumbo trazado era el correcto. Los deberes se habían hecho y Macri anunciaba con entusiasmo que lo peor ya había pasado. Era cuestión de esperar un poco más y la lluvia de inversiones de largo plazo inundaría de prosperidad a una Argentina que estaba nuevamente jugando según el dictado de los pesos pesados en la política y economía global.
La cosecha fue muy magra, al igual que las explicaciones brindadas sobre los pobres resultados conseguidos. A dos años y medio de gobierno la situación económica no ha mejorado y el mayor objetivo buscado, esto es, contar con capacidad de financiamiento internacional, se agotó en un breve período de tiempo. Los capitales especulativos de corto plazo volaron para refugiarse en unos bonos del tesoro estadounidenses que pasaron a brindar mayor rendimiento. La medida desesperada para sostener el rumbo fue otro nuevo récord internacional, elevando las tasas de interés locales al 40%. La sideral deuda interna que emitió el Banco Central para absorber el circulante y contener la inflación, terminó de poner en dudas la viabilidad a medio plazo del rumbo trazado. La corrida contra el peso nos puso nuevamente contra las cuerdas y el gobierno decidió recurrir a ese prestamista de última instancia.
Las prometidas inversiones extranjeras de largo plazo tampoco llegaron debido a una lectura errónea de la realidad internacional. El ascenso de Donald Trump al poder con su slogan “Make America Great Again” implicaba una discusión y un intento de transformación de las principales reglas de juego globales por otras que evitaran pagar el costo del crecimiento económico mundial solo a EEUU. Concretamente, se estableció una revisión de los acuerdos comerciales, un proteccionismo económico y el reingreso de capitales estadounidenses vía mejora de las tasas de los bonos de su tesoro –incluso el propio presidente de EEUU amenazó con aumentar la carga impositiva y cobrar aranceles a aquellas empresas del país que decidieran trasladar sus producciones al exterior–.
Con un panorama global en tensión y reformulación, poco se podía hacer para atraer inversiones externas de largo plazo al país. Pero lo que sí se podía hacer era impulsar gestos simbólicos para acompañar el intento de blanqueo impulsado para que regresaran los cuantiosos fondos que los argentinos resguardan en el exterior. El intento fue coyunturalmente exitoso, logrando que un 20% del dinero regresara, pero no logró cambiar las bases de la desconfianza. En declaraciones públicas, varios ministros justificaron su negativa a traer su dinero del exterior, generado una sensación de falta de compromiso con el nuevo proyecto impulsado por el mismo gobierno al que pertenecen.
La frutilla del postre de una lectura errónea de la realidad y de la aplicación de políticas inconsecuentes para enfrentar los desafíos locales e internacionales que afronta Argentina ha sido la foto del presidente presentando el acuerdo con el FMI como un éxito. En esa impostura, políticamente incorrecta, hasta las copas de champán se chocaban para brindar por el dudoso logro.
La historia reciente, principalmente por responsabilidad de la propia Argentina, no augura una salida airosa de este compromiso. El camino de la disciplina fiscal se torna inevitable, pero no parece viable sin revisar y rectificar medidas como por ejemplo la eliminación, impulsada desde 2015, de las cargas sobre los sectores que concentran la mayor rentabilidad. El costo del ajuste será imposible de sobrellevar si esa carga se vuelca nuevamente sobre los estratos más vulnerables de la sociedad y si la gestión política es entendida como un mecanismo para asegurar rentabilidad a ciertos sectores a expensas de un desarrollo sostenible. El físico Albert Einstein decía que “locura es hacer la misma cosa una y otra vez y esperar resultados diferentes”. ¿Será capaz Argentina de salir de esta historia circular de locura que la agobia hace tanto tiempo?
https://www.politicaexterior.com/latinoamerica-analisis/acuerdo-argentina-fmi-corsi-e-ricorsi-la-historia/