Artículo publicado en el número 106 de la revista Testimonio del Instituto de Estudios Social Cristianos del Perú
El cuestionamiento y las variadas propuestas de reforma a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ocuparon la atención de los estados
que participaron en la 42 Cumbre de la
OEA celebrada en Cochabamba, Bolivia. El tenor de las críticas, que acapararon
los titulares, terminó por opacar el tema convocante de la reunión: la
seguridad alimentaria, una flagelo que según el informe de la oficina regional
de la FAO Panorama de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2011, afecta a 52,5
millones de personas, esto es, el 9% de la población total de los habitantes de
la región.
La embestida que terminó por desplazar la prioridad en la agenda de la
reunión hemisférica estuvo encabezada por los miembros del bloque bolivariano quienes
en conjunto presentaron un informe solicitando cambios para reformar los
estatutos de la CIDH. La aprobación de una resolución de compromiso logró
moderar el impulso reformista pero abrió un período de incertidumbre a partir
de la creación de un grupo de trabajo que tratará el tema en una asamblea
general extraordinaria en el plazo de seis a nueve meses.
La discusión sobre posibles reformas no es algo nuevo en la historia de
la CIDH. El intento de modificarla hace más de una década por parte del régimen
de Alberto Fujimori, aunque disfrazado con nobles argumentos, buscó promover
una reforma para debilitarla. La actual iniciativa del bloque bolivariano, según
la percepción por parte de algunos sectores de derechos humanos que ya hicieron
sonar la alarma, escondería un intento similar de desdibujar su autonomía e
independencia si finalmente, como pretenden, se modifican sus estatutos y se la
obliga a consultar con los estados antes de emitir un informe.
Las sospechas sobre los intereses que mueven a la iniciativa boliviarana se
fundamentan a partir de la coincidencia entre los principales países que
promueven las reformas y la relación traumática que han tenido con la CIDH
durante los últimos años, en particular Ecuador y Venezuela.
El presidente Correa ha manifestado con vehemencia durante la Cumbre que
la CIDH debe “revolucionarse o desaparecer”. La reforma que persigue Correa estaría
motivada por la resolución de la CIDH contra la suspensión de la aplicación de
la condena al periódico El Universo en el litigio por injurias interpuesto por
el mismo. De allí que la revolución que propone según sus propias palabras es
la búsqueda de la “verdadera libertad de expresión” mediante una regulación de
ese derecho.
El estado venezolano por su parte considera a la CIDH, desde que se
produjo el golpe de estado que intentó desplazar a Chávez del gobierno en 2002,
como un instrumento al servicio de los intereses norteamericanos para
perjudicarla. El apoyo del gobierno de los Estados Unidos a la intentona
golpista ha dejado un antecedente que dificulta desde entonces las relaciones
políticas entre ambos países. El presidente Chávez ha calificado a la CIDH de
“triste y célebre” y la considera parte del accionar en su contra a pesar de
que la CIDH ha emitido resoluciones instando justamente a los Estados Unidos a
cerrar las instalaciones de la cárcel de Guantánamo en Cuba y disponer el
procesamiento o liberación de los detenidos. El argumento se convierte en
endeble también por el hecho que los Estados Unidos no es parte de la
Convención Americana de Derechos Humanos y de la Corte que crea el tratado.
Venezuela, de todas maneras, ha dificultado la labor de la CIDH
utilizando esos argumentos para negarle la posibilidad de realizar visitas destinadas
a analizar la situación de los derechos humanos o desacatando el fallo que
insta a revisar la sanción arbitraria impuesta al ex alcalde de Chacao,
Leopoldo López, por el cual se lo ha inhabilitado para el ejercicio de cargos
públicos. La escalada ha llegado incluso hasta la amenaza, en diversas ocasiones, de retirarse de la misma Comisión y un
despliegue de maniobras para forzar la salida del entonces Secretario Ejecutivo
Santiago Cantón.
Un coro de voces se ha sumado al debate sobre cambios que necesitaría la
CIDH. Brasil ha asumido una postura crítica a partir de la medida cautelar por
la represa de Belo Monte y estaría promoviendo la introducción de reformas a
procedimientos como las medidas cautelares. La historia personal de la actual
presidente Dilma Rouseff, que fue víctima de atropellos y abusos por parte de
una dictadura militar, haría pensar que las propuestas de su gobierno no sería
un intento por menoscabar la arquitectura que protege a los derechos fundamentales
de las personas sino un impulso por fortalecerla y mejorarla.
El debate sobre reformas debería ser entonces una oportunidad para
introducir ajustes o cambios que vayan en la dirección de garantizar y
fortalecer la arquitectura institucional que vela por los derechos
fundamentales evitando que la embestida en marcha debilite al mayor logro
colectivo que hemos logrado construir desde América Latina a lo largo de cinco
décadas.
La CIDH es probablemente la institución más valiosa del sistema
interamericano al haber logrado estructurar un sistema independiente, autónomo
y eficaz para la vigilancia y protección
de los derechos fundamentales de la persona.
El período de discusión de reformas que se abrió a partir de la Cumbre
debería servir solamente para brindarle
mayor legitimidad a una de las estructuras que dan mayor sentido a la
existencia de la OEA.