Medio: La
Nación (Argentina)
Fecha:
12/04/2011
Por Santiago Mariani
Los diversos llamados al diálogo político que han ido surgiendo en nuestro país en el último tiempo, aunque auspiciosos, han sido hasta ahora enunciados de buenas intenciones que no logran, lamentablemente, plasmarse en un debate entre las principales fuerzas políticas y, mucho menos, en acuerdos de fondo que posibiliten una democracia con mayor fortaleza institucional y un desarrollo económico con mayor equidad.
Uno de los obstáculos que minan la posibilidad de iniciar esa instancia de diálogo es nuestra recurrente apelación al discurso refundacional. De manera sintomática, cada gobierno que asumió en democracia -o que se propone para administrar el país- nos invita a superar el supuesto infierno que crearon sus antecesores, descartando todo lo anterior por el solo hecho de formar parte de la gestión pasada. Esta práctica deja poco margen de maniobra para salvar, fortalecer y perfeccionar las buenas políticas que el gobierno anterior haya implementado.
Otro aspecto por considerar es la ausencia de una crisis de tal magnitud que nos obligue a recurrir a una instancia de diálogo y concertación de manera urgente e irreversible. El Diálogo Argentino, un reflejo o reacción del gobierno de transición de Eduardo Duhalde para evitar que la crisis hundiera el barco de la democracia, fue un primer ensayo que logró algunos acuerdos; pero, pasada la dramática coyuntura, perdió potencia y vitalidad.
Otro obstáculo, y acaso la razón más profunda de nuestra incapacidad para lograr consensos, es la concepción fatal que considera a todo aquel que no está en nuestro campo político como un enemigo; el intento de llegar a un acuerdo con él sería, así, una traición o una claudicación imperdonable. Los protagonistas que articularon los Pactos de la Moncloa, que permitieron sortear la difícil coyuntura de la transición española y sentar las bases de la etapa más fructífera de la historia de España, fueron Adolfo Suárez, hombre que provenía del franquismo, junto a quien era el secretario general del Partido Comunista y principal enemigo del franquismo, Santiago Carrillo.
La Argentina tiene una democracia robusta gracias a las limitaciones que su sociedad civil logra imponer, con relativo éxito, al Poder Ejecutivo. La protección y vigilancia de la esfera de libertades civiles es asegurada por una red de organizaciones no gubernamentales. Este dato positivo de nuestro sistema democrático, sin embargo, no resulta suficiente para resolver las dificultades de carácter coyuntural, en especial en el área de nuestra economía, ni las de tipo estructural por la fragilidad institucional que genera la asimetría del Poder Ejecutivo respecto de los poderes legislativo y judicial.
La articulación de un diálogo político que defina mediante consensos amplios los temas prioritarios, así como las medidas necesarias para abordarlos eficientemente aparecen, frente a la magnitud de los desafíos por enfrentar, como la prioridad en la agenda del gobierno que asuma el 10 de diciembre de 2011. La convocatoria a un proceso de estas características y su concreción, además de asegurar la gobernabilidad a corto plazo y sentar las bases de nuestra prosperidad a mediano plazo, le augurarían, al gobernante que tuviera la audacia de hacerlo, el reconocimiento de las próximas generaciones.
Los diversos llamados al diálogo político que han ido surgiendo en nuestro país en el último tiempo, aunque auspiciosos, han sido hasta ahora enunciados de buenas intenciones que no logran, lamentablemente, plasmarse en un debate entre las principales fuerzas políticas y, mucho menos, en acuerdos de fondo que posibiliten una democracia con mayor fortaleza institucional y un desarrollo económico con mayor equidad.
Uno de los obstáculos que minan la posibilidad de iniciar esa instancia de diálogo es nuestra recurrente apelación al discurso refundacional. De manera sintomática, cada gobierno que asumió en democracia -o que se propone para administrar el país- nos invita a superar el supuesto infierno que crearon sus antecesores, descartando todo lo anterior por el solo hecho de formar parte de la gestión pasada. Esta práctica deja poco margen de maniobra para salvar, fortalecer y perfeccionar las buenas políticas que el gobierno anterior haya implementado.
Otro aspecto por considerar es la ausencia de una crisis de tal magnitud que nos obligue a recurrir a una instancia de diálogo y concertación de manera urgente e irreversible. El Diálogo Argentino, un reflejo o reacción del gobierno de transición de Eduardo Duhalde para evitar que la crisis hundiera el barco de la democracia, fue un primer ensayo que logró algunos acuerdos; pero, pasada la dramática coyuntura, perdió potencia y vitalidad.
Otro obstáculo, y acaso la razón más profunda de nuestra incapacidad para lograr consensos, es la concepción fatal que considera a todo aquel que no está en nuestro campo político como un enemigo; el intento de llegar a un acuerdo con él sería, así, una traición o una claudicación imperdonable. Los protagonistas que articularon los Pactos de la Moncloa, que permitieron sortear la difícil coyuntura de la transición española y sentar las bases de la etapa más fructífera de la historia de España, fueron Adolfo Suárez, hombre que provenía del franquismo, junto a quien era el secretario general del Partido Comunista y principal enemigo del franquismo, Santiago Carrillo.
La Argentina tiene una democracia robusta gracias a las limitaciones que su sociedad civil logra imponer, con relativo éxito, al Poder Ejecutivo. La protección y vigilancia de la esfera de libertades civiles es asegurada por una red de organizaciones no gubernamentales. Este dato positivo de nuestro sistema democrático, sin embargo, no resulta suficiente para resolver las dificultades de carácter coyuntural, en especial en el área de nuestra economía, ni las de tipo estructural por la fragilidad institucional que genera la asimetría del Poder Ejecutivo respecto de los poderes legislativo y judicial.
La articulación de un diálogo político que defina mediante consensos amplios los temas prioritarios, así como las medidas necesarias para abordarlos eficientemente aparecen, frente a la magnitud de los desafíos por enfrentar, como la prioridad en la agenda del gobierno que asuma el 10 de diciembre de 2011. La convocatoria a un proceso de estas características y su concreción, además de asegurar la gobernabilidad a corto plazo y sentar las bases de nuestra prosperidad a mediano plazo, le augurarían, al gobernante que tuviera la audacia de hacerlo, el reconocimiento de las próximas generaciones.