Medio: La Nación (Argentina)
Fecha:
04/06/2011
Nota:
A finales del año 2000,
agobiado por numerosos escándalos y una ciudadanía movilizada, Alberto Fujimori
salió del Perú para participar de la cumbre anual de la APEC en Brunei. El
viaje oficial escondía la intención secreta de refugiarse en el Japón haciendo
valer su doble nacionalidad. Presentó la renuncia a la presidencia de su país
enviando un fax al Congreso, que no la aceptó y lo destituyó por
"incapacidad moral".
El negro historial de
gobierno que dejó Fujimori, después de una década durante la que había ejercido
el poder cometiendo todo tipo de abusos y atropellos, incluyó un golpe de
Estado para disolver el Congreso y los órganos de control del Estado, una lucha
contra el terrorismo que atacaba blancos civiles mediante la tortura, y
matanzas perpetradas por los militares del Grupo Colina, que le respondían.
También una connivencia
con el narcotráfico que convertiría al Perú de productor de hoja de coca en
productor de cocaína, atropellos contra la libertad de prensa y silenciamiento
de periodistas, la búsqueda de una reelección mediante graves irregularidades
denunciadas por la observación internacional, tráfico de armas y la aparición
de millonarias cuentas en bancos del exterior a favor de su mano derecha en el
gobierno, Vladimiro Montesinos.
La truculenta historia del
"chino" Fujimori en el poder contó con muchos apoyos durante todos
esos años de oscuridad y envilecimiento de las instituciones democráticas. Uno
de esos soportes fue el de su hija Keiko en el papel de primera dama, quien
ahora es la candidata del fujimorismo para enfrentar mañana, en la segunda
vuelta de las elecciones presidenciales, al candidato nacionalista Ollanta
Humala.
El proceso electoral en
curso tiene para Perú un carácter trascendental pues, en caso de que el
fujimorismo regresara al poder, se estarían poniendo en peligro los avances
logrados por parte de la justicia peruana que, de manera ejemplar y otorgando
todas las garantías al acusado, condenó en 2009 a 25 años de cárcel a
Fujimori tras ser hallado culpable como autor intelectual de delitos de lesa
humanidad.
El enjuiciamiento de un ex
presidente por delitos de ese calibre, a través de la concesión de la
extradición de otro Estado, en este caso por decisión de la Corte Suprema de
Chile, significó un antecedente único para Perú y un hecho con carácter
universal, al confirmar, enaltecer y fortalecer el principio de jurisdicción
universal para el castigo de los delitos de lesa humanidad, y puso a Perú y su
sistema de justicia en el primer lugar del cuadro de honor de la historia de
las democracias.
El fujimorismo, que se
prepara para regresar el poder, ha desplegado un intento de revisar el paso
dado por la justicia peruana a través de diversos recursos presentados ante el
Tribunal Constitucional. El objetivo que persigue es lograr la liberación de
Fujimori mediante una maniobra que tendría un revestimiento legal pero que
estaría cargada de enormes sospechas de un arreglo orquestado debajo de la mesa
para torcer un proceso que ha sido impecable.
Los detractores de Ollanta
Humala, el rival de Keiko, lo acusan de estar emparentado con el modelo
bolivariano, de tener una intención oculta de enquistarse en el poder, como ha
hecho Hugo Chávez en Venezuela, de una tendencia que derivaría en el
cercenamiento de libertades esenciales que minaría la incipiente democracia que
se ha logrado instaurar y de una radicalidad en sus propuestas distributivas
que pondría en peligro las bases de la prosperidad económica conseguida durante
la última década.
Los diversos
cuestionamientos a las propuestas de Humala y las dudas sobre sus verdaderas
intenciones estarían también alimentadas por su supuesta participación en un
alzamiento armado contra las instituciones democráticas, el
"andahuaylazo", o las violaciones de los derechos fundamentales en lo
que se conoce como "Madre Mía", base contraterrorista en la cual se
desempeñó Humala. Estos preocupantes antecedentes, que han sido investigados
por la justicia sin haber logrado establecer un vínculo con Humala hasta el
momento, justificarían para muchos peruanos el voto por una candidata que
garantizaría la continuidad del modelo económico vigente aun si su elección
como presidente implicara el regreso al poder de aquellos que se sirvieron,
como fue probado por la justicia en primera instancia y ratificado por la Corte
Suprema, de los métodos más brutales para gobernar despóticamente durante una
década.
La posibilidad de un
retroceso democrático mediante la elección de la candidata solapada del
fujimorismo ha puesto en guardia a diversas personalidades, como al escritor
Mario Vargas Llosa o al prestigioso militante del Instituto de Defensa Legal
Ernesto de la Jara. Tomando como dato la revisión hecha por Humala de su plan
de gobierno, en la que demostró capacidad para escuchar y concertar, manifestó su
acercamiento e identificación con Brasil como modelo a seguir, y convocó a
personas capaces y honestas para los cargos electivos y la gestión de gobierno,
han decidido otorgarle el beneficio de la duda y hacer un llamado a la
ciudadanía para un voto condicionado a un seguimiento estricto de los
contundentes compromisos públicos y las garantías de respeto a la democracia
que hiciera durante la campaña el candidato nacionalista.
El valiente llamado a
votar por Humala implica inevitablemente un riesgo para la democracia peruana y
las libertades conseguidas por parte de un país que reaccionó con
movilizaciones y marchas para poner punto final a una dictadura que había
cometido torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y todo clase de
crímenes.
La alternativa de este
apoyo crítico y condicionado al cumplimiento de los compromisos asumidos, que,
de aplicarse, profundizarían el camino hacia mayores niveles de democracia e
igualdad, podría significar el retorno de un régimen que llevó al Perú a vivir
sus horas más desgraciadas.