Las
democracias de América Latina han logrado navegar, por primera vez en su
historia, un ciclo de procesos electorales y alternancias de distintos signo.
La travesía de estabilidad a nivel del régimen, que registra una andadura
virtuosa con de más de tres décadas en su haber, no ha estado exenta de ciertos
elementos nocivos que con diferentes intensidades reaparecen para mostrar su
resistencia. Son los reflujos tóxicos de un andamiaje institucional con niveles
variables de fisuras que podrían dificultar la posibilidad de asentar
democracias de mayor calado según demandan y anhelan las mayorías. Como tema
pendiente, de acuerdo a lo que indican desde hace tiempo los ciudadanos en
diversos estudios de opinión, aparece recurrentemente los resultados en forma
de bienes públicos de calidad que no están llegando de manera suficiente a
pesar del ciclo expansivo que hemos recorrido en la región. La precariedad de
los estados en esta materia dilata una mayor cohesión y bienestar. Es por ello
que la ciudadana expresa claramente una demanda de gobernanza que se presenta
todavía esquiva e incompleta y que supone mucho más que el consenso bastante
extendido que hemos logrado conseguir sobre las reglas de juego para el acceso
al poder, con las elecciones como la única alternativa posible.
A modo de una lista incompleta de algunos de los temas que
componen los déficits que nos aquejan y nos alejan de una mayor dosis de
gobernabilidad democrática, podríamos colocar a la corrupción como la cuestión
de mayor potencial corrosivo. En este terreno y a juzgar por las
respuestas que han tenido lugar en los países donde el esquema de Lava Jato ha
operado, existen más interrogantes que certezas sobre la voluntad de ir a fondo
en las denuncias que se conocen. La contracara de este espinoso asunto es la
oportunidad que se ha generado de blindar nuestros sistemas judiciales pero
tampoco aparecen signos demasiado alentadores.
En Brasil, origen de este magma de
gobernabilidad mercantilista, jueces y fiscales pusieron contra las cuerdas a
los empresarios que protagonizaron este esquema pero con resultado distinto en
el entramado político que participaba de esta funesta relación. La justicia
avanzó contra la cúpula del partido de los trabajadores, incluyendo al ex presidente
Lula, aunque para los políticos de otros partidos, que tienen cuentas
pendientes en la justicia, la vara ha sido más corta. El ambiente se ha
vuelto más confuso con la utilización controversial del instrumento revocatorio
para desplazar del ejecutivo a Dilma Rousseff, so pretexto de manejos
administrativos incorrectos. El desplazamiento en cuestión, movilizado por
políticos sobre los que pesan también graves sospechas de corrupción, forzó
esta herramienta democrática hasta el límite la legalidad. En esta compleja
dinámica se monta encima un menú con políticas regresivas en materia de
derechos que ahonda el proceso de deslegitimación del sistema.
En el Perú siguen apareciendo evidencias que
involucran en el esquema de Lava Jato a destacadas figuras políticas que hasta
ahora no han sido alcanzadas por el brazo de la justicia. Solamente Ollanta
Humala y Nadine Heredia se encuentran con prisión preventiva mientras se
sustancia la causa por la cual están siendo investigados. La paradoja es que la
utilización exagerada de la prisión preventiva, que cosecha réditos de corto
plazo, podría debilitar principios republicanos esenciales. La premura con la
que están actuando los jueces, mostrando mayor sintonía con el poder político y
económico que con la ciudadanía, no parece la más viable para restructurar en
el largo plazo un poder judicial que arrastra desde hace tiempo altos niveles
de desconfianza.
La ola de encarcelaciones en modo preventivo
está siendo también utilizada por algunos jueces argentinos que durante la
etapa del kirchnerismo mostraron pocos reflejos pero con el cambio político
comenzaron a lanzar sus mastines contra funcionarios que parecían entonces
intocables. El hecho que se repite en las distintas latitudes hace pensar en un
sistema de justicia cercano a las necesidades políticas que cada coyuntura
marca pero lejos de lo que la gobernabilidad reclama. La oportunidad de darnos
sistemas de justicia más sólidos, ante estos hechos recientes, se desvanece.
En otro andarivel, reaparecen intentos que buscan
forzar la instalación de hegemonías a contrapelo de pluralidades que resisten
esos embates con suerte variable. En Bolivia ha tomado un nuevo envión el
proyecto de otra reelección para Evo Morales a pesar del rechazo en la consulta
ciudadana celebrada hace poco tiempo. La insistencia de Morales por forzar su
permanencia en contra de las reglas que limitan esa posibilidad, podría tomar
una deriva con algunos tonos parecidos a la tragedia que se despliega en
Venezuela. Son proyectos que buscan conservar el poder con medidas
cuestionables que finalmente desvirtúan y vacían de contenido las reglas que
impulsaron y los avances que lograron.
En el trasiego peruano el fujimorismo avanza de
manera similar con el peso asfixiante que detenta en el congreso unicameral.
Las embestidas autoritarias que intentan arrinconar a un poder ejecutivo con
escasos reflejos políticos van corriendo el velo de la sustancia autoritaria
que conforma su médula espinal. Las múltiples evidencias de su accionar, en
clave de pretensión hegemónica, dejan sin sustancia esos intentos retóricos
esgrimidos por Keiko Fujimori durante la pasada campaña presidencial. Ahora
sabemos que aquello que buscaba era embaucar a los peruanos con gato
democrático por liebre autoritaria. El último coletazo en esta intentona,
después de la declaración de Marcelo Odebrecht confirmando los aportes a la
campaña al fujimorismo, es la embestida para desplazar al fiscal de la nación
mediante una acusación constitucional. El artilugio no es nuevo, siendo vicepresidente
de la Argentina Amado Bodou logró desplazar al Procurador General de su país
para evitar que las denuncias en su contra avanzaran en la justicia. Los
fujimoristas “van por todo”, al decir de Cristina Fernández cuando arengaba a
sus seguidores que deliraban con el proyecto “Cristina eterna”. La búsqueda que
intenta restaurar la hegemonía fujimorista en Perú es una suerte de remake de
los años noventa que pone en peligro los avances logrados de la restauración
democrática en 2001. La estantería comienza a temblar con el riesgo de un
retroceso catastrófico.
Las posibles explicaciones a estos asuntos tan
viscosos que se presentan en la región no hay que buscarlos en el terreno de lo
ideológico. Una de las claves para explicar cómo algunos países lograron
blindarse contra la corrupción endémica y las tentaciones hegemónicas ha sido,
como advirtió Guillermo O’Donnell hace dos décadas, la acción sostenida de
determinadas voluntades que priorizaron respetar reglas de juego aun cuando por
hacerlo perjudicaban la propia carrera política. Algo similar señaló Seymor M.
Lipset para explicar la construcción de legitimidad que se deriva de la
limitación de las propias ambiciones en la fundación de regímenes políticos.
Uruguay podría ser uno de los casos junto con Costa Rica, dentro de una lista
poco numerosa, de anclaje institucional virtuoso con progresos sociales de
magnitud. Si bien ya suena a lugar común la sentencia, nos falta seguir
pensando en priorizar y sostener las reglas de juego e incentivos que posibilitarán
mayores dosis de gobernabilidad para democracias precarias donde todavía abunda
el color sepia.
http://www.otramirada.pe/am%C3%A9rica-latina-en-color-sepia