Artículo publicado en Ideele Revista Nro. 272
Las democracias del
vecindario están siendo fagocitadas por un monstruo que carcome sin tregua sus
entrañas. Ante ese espectáculo la ciudadanía vuelve a confirmar, a partir del
caso Lava Jato, sus peores sospechas acerca de la forma en que se desenvuelve y
las consecuencias que genera, en nuestras sociedades, la criatura de la
corrupción. Los ciudadanos perciben que el poder político sin importar la
ideología que pregona, salvo algunas pocas excepciones donde hay tradición
histórica de partidos políticos, ha claudicado en nuestros países ante las
luminarias del poder económico. Es que la precariedad institucional en la que
navegamos ha sido orquestada para dejarnos en estado de indefensión
estructural. El síndrome que nos aqueja es desde ya funcional a ciertos
sectores que pescan en río revuelto y que maximizan utilidades en perjuicio de
la posibilidad de darnos comunidades más homogéneas e integradas.
La dinámica perversa
que asegura enormes beneficios a unos pocos incluye en su accionar la captura
de los estados y la promoción de una desregulación sin miras mientras las
mayorías quedan a la intemperie. Tal como registran los estudios de opinión,
esas mayorías se encuentren desencantadas y enojadas porque los bienes públicos
de calidad, fundamentales para construir su porvenir, no se materializan como
una realidad tangible. La democracia, sin concretar sus promesas, se vacía de
contenido. Ello explica, en parte, la crisis de representación derivada de la trastocada
matriz en la cual opera, según describieron con detalle los empresarios
brasileros en sus confesiones ante la justicia, una lógica que pone en jaque a
las precarias instituciones.
Hay pocas razones para
sostener el optimismo ante este estado de cosas pero una bocanada de aire
fresco está llegando desde Brasil. El sistema de justicia, a través del
liderazgo de procuradores y jueces, parece haber comenzado a golpear en la
cabeza de ese monstruo de mil tentáculos. Las autoridades que están liderando estas
acciones son fruto de ese nivel autonomía y grado de independencia forjados por
las posibilidades presupuestarias y de proyección que otorga el extenso sistema
federal de Brasil.
En esta alentadora
sucesión de hechos la Policía Federal juega también un papel de trascendencia
recogiendo evidencias con la tecnología de última generación que tiene a su
disposición, pero también una prensa que denuncia las intricadas tramas de esta
madeja. La presión desde abajo de una ciudadanía fastidiada, esa sana costumbre
que en Brasil constituye una larga tradición de movilización en la calle y de
pedido de rendición de cuenta a sus autoridades cuando sienten que algo huele
podrido en Dinamarca, es la cuarta pata de esa mesa virtuosa que pone luz donde
antes había oscuridad.
En síntesis, asistimos
a una hecatombe que atraviesa nuestra región desde que en Brasil comenzaron a
develar el pernicioso mundo paralelo en el que nos movemos. El juez Moro es la
cara más visible de esta historia y tal como le ofrece Morfeo a Neo en la
película Matrix,
nos ha ofrecido la pastilla del color adecuado para ver la “matrix” en la que
estamos atrapados. El ejemplo de todo esto para nuestros gobernantes es claro:
la voluntad política y la inyección de recursos, priorizando la selección de
personas idóneas y comprometidas con la defensa de la res pública, puede
incentivar a funcionarios decididos a sacarnos de las arenas movedizas en las
que nos hundimos.
El espejo de Brasil,
envuelto en un marco de esperanza sobre la posibilidad de construir estados de
derecho y democracias republicanas, nos devuelve sin embargo una imagen ambigua
en los lugares donde se viene operando con la misma lógica. A juzgar por la
falta de respuestas, o de acciones tardías y a medias en países como la
Argentina o Perú, donde las evidencias ya están en manos de quienes deben
actuar, un difícil interrogante se está generando sobre la voluntad o
posibilidad real del sistema de justicia por avanzar decididamente en las
investigaciones. Ese interrogante también involucra a nuestros gobernantes que
hasta el momento no han desplegado voluntad política suficiente, en forma de
mayores recursos, para inyectar a los sistemas de justicia con capacidad
efectiva para prevenir, desincentivar y sancionar la corrupción. La sensación de
impunidad que revolotea a nuestro alrededor deja pocas esperanzas a la
ciudadanía de ver, como está sucediendo en Brasil, un combate decidido contra
la colusión del poder económico con el poder político.
En Perú, la reciente
decisión del juez Carhuancho de dictar la prisión preventiva para el
expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, ha generado reacciones
diversas en una sociedad que registra niveles de credibilidad muy bajos sobre
el sistema de justicia. Mientras que para algunos esta decisión representa el
despertar de una justicia aletargada que finalmente comienza a avanzar con
independencia, para otros es una decisión que resulta excesiva y parcializada.
La decisión de Carhuancho ha despertado estas reacciones contrapuestas
probablemente por la falta de avances contra otras personalidades de la
política señaladas por testigos de haber sido favorecidas con fondos de
Odebrecht pero que no han están siendo investigadas. Se verá entonces hasta
dónde podrá avanzar el sistema de justicia en el Perú en una encrucijada en la
cual los ciudadanos o bien vuelven a confirmar que la impunidad sigue siendo el
pan de todos los días, o si por el contrario se produce un desenlace distinto
que posibilite legitimar al sistema de justicia.
Si en el Perú la justicia
va llegando de manera selectiva, en la Argentina pareciera que el sistema se
cierra sobre sí mismo para que no haya avance alguno. En la Cámara de Diputados
los diputados afines a la expresidente Cristina Fernandez han blindado al
diputado Julio De Vido de la posibilidad de un desafuero impulsado por el
gobierno de Mauricio Macri. Julio De Vido, quien fuera el ministro más fuerte
de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, es el
exfuncionario sobre el que pesan las mayores sospechas de corrupción con
relación al caso Lava Jato en la Argentina. La derrota del gobierno de Macri en
la Cámara de Diputados no despeja sin embargo las dudas acerca de las
intenciones de su gobierno por enfrentar la corrupción. Gustavo Arribas, íntimo
amigo del presidente Macri y designado por el presidente al inicio de su
gobierno como jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, fue denunciado por
Leonardo Meirelles, uno de los testigos clave del caso Lava Jato, de haber
recibido sobornos por parte de la empresa Odebrecht. Al salir el caso a la luz
el presidente intentó defender a su amigo alegando que no entendía las razones
por las que se lo acusaba. Arribas terminó finalmente sobreseído por un juez de
primera instancia que no encontró evidencias suficientes para condenarlo. La
decisión del juez, en esta causa que roza al círculo más cercano del presidente
Macri, fue apelada por el fiscal y será ahora responsabilidad de la Cámara de
Casación de revisar el asunto.
Argentina y Perú nos
muestran el largo camino que todavía debemos recorrer para convertir a nuestras
democracias en algo más que sistemas en los cuales la ciudadanía es convocada
cada cierto tiempo a elegir a sus gobernantes. El recorrido que hemos tenido en
las últimas décadas nos deja una lección clara y es que para lograr alcanzar el
desarrollo no alcanzará con el crecimiento económico, la desregulación y la
celebración elecciones.