Las democracias en nuestra región
tuvieron que recorrer un camino espinoso de más de un siglo para poder
conseguir que las elecciones fueran el único mecanismo legítimo de acceso al
poder. Los gobiernos elegidos por la voluntad popular eran, con algunas pocas
excepciones, apenas breves paréntesis que se cerraban para regresar una
“normalidad autoritaria”. Durante esa larga etapa la ciudadanía, en las
contadas ocasiones que podía elegir en las urnas a sus gobernantes, encontraba
a su vez severas limitaciones para el ejercicio de sus derechos (en el Perú,
por ejemplo, los analfabetos no pudieron votar hasta 1980).
Hemos logrado superar esa
inestabilidad y restricciones en el ejercicio de los derechos políticos. Estamos
transitando desde hace tres décadas, con la excepción de pocos retrocesos, por la
etapa de mayor duración y extensión de democracias conformadas por procesos
electorales que se celebran de acuerdo con cronogramas establecidos, sin proscripciones
y con resultados que son aceptados por todos los participantes.
Nuestras democracias electorales
tienen todavía otros desafíos de magnitud que superar. La corrupción, que ha salido
nuevamente a la luz con el “Lava Jato” en Brasil, puso sobre el tapete una
matriz envenenada que agobia nuestras democracias. El meollo del asunto es la
relación tóxica que se ha estructurado entre el poder económico y el poder
político sin distinguir entre variantes ideológicas. Es una mancha que, según
vemos por las confesiones de los empresarios de Brasil, se ha ido extendiendo
hasta cubrir todo. Es la forma que están operando nuestros regímenes con
instituciones precarias, controles ineficientes y sistemas de justicia
acorralados.
El sistema de justicia en Brasil
le ha puesto el cascabel al gato y está desnudando las miserias que corroen
nuestras entrañas institucionales. Los avances que se han dado responden a un
liderazgo de procuradores y jueces que lograron construir autonomía e
independencia en el marco de un vasto y extenso sistema federal. La policía
federal ha sido otro actor que con apoyo político logró también crear un brazo
institucional con cierta independencia, que logra investigar al poder político
debido a la tecnología que dispone, pero también porque incorpora entre sus
filas funcionarios a través de diversas pruebas de idoneidad. La otra pata de
la mesa la conforma un periodismo muy activo y decidido en sus investigaciones
y denuncias.
El ejemplo de Brasil debería
profundizar en nuestros países un debate acerca de cómo fortalecer nuestros
sistemas de justicia para blindarlos ante esa compleja matriz en la que se coluden
el poder económico con el poder político en perjuicio de la ciudadanía.