El presidente Kucksynki
ha realizado, en dos extensas entrevistas concedidas a El Comercio y La
República, una suerte de balance de su primer año de gobierno de cara al
discurso que brindará el próximo 28 de julio. La principal autocrítica que
señala en estas entrevistas es haber “pecado de optimismo” sobre las
posibilidades reales de recuperar la dinámica económica. El “pecado”, según sus
declaraciones, estuvo en no darse cuenta del “inmenso aumento de los
procedimientos burocráticos", un artilugio al que recurre para enmascarar o justificar la falta de resultados
concretos en este primer tramo de su gobierno.
El argumento
del aumento de los procedimientos burocráticos como el elemento que estaría
impidiendo o dificultando la gobernabilidad peruana resulta, además de curioso,
sorprendente porque el gobierno no menciona o no parece tomar nota sobre los
trascendentes cambios que han tenido lugar en el mundo en los últimos tiempos y
cómo afectan al Perú. El primer cambio
en la realidad internacional es la finalización de ese súper-ciclo con precios
extraordinarios en las materias primas que permitió registrar una década de
tasas elevadas de expansión económica e ingresos fiscales abultados. El cambio
de escenario supone, como mínimo, intentar responder con políticas innovadoras
que posibiliten enfrentar las nuevas condiciones, pero nada de eso aparece en
el balance autocrítico del presidente. El diagnóstico que presenta el gobierno
sobre las dificultades es erróneo. A ello se suma que tampoco propone un rumbo alternativo
para dar respuesta a las nuevas realidades, señalando solamente el tema de las
trabas burocráticas.
Seguidamente señala como factores inesperados, pero
que también complicaron las posibilidades del gobierno, al proceso Lava Jato y El niño que afectó a
la costa norte del Perú. En ambos casos, lo que el presidente señala como
problemas podrían haber sido oportunidades para retomar la iniciativa política.
El Lava Jato fue el momento en el que el Poder Ejecutivo podría haber intentado
liderar una agenda anticorrupción de cara a la ciudadanía con acciones
conjuntas con los otros poderes del Estado. El niño costero fue otro momento en
el que el Poder Ejecutivo podría haber intentado ponerse al frente de una
respuesta sostenida y estructural, cargada de simbolismo, que pusiera en marcha
un decidido cambio en las relaciones entre el estado y la sociedad. En ninguno
de estos casos hubo un claro liderazgo del gobierno por articular y sostener
respuestas más firmes a estos dos problemáticas.
La razón de la falta de reflejos del gobierno hay
que buscarla en la ceguera ideológica de una tecnocracia que se ha encerrado y
ensimismado en el desprecio hacia la política como pilar que sostiene el
edificio del régimen democrático. Es que la tecnocracia es una de las expresiones
de la anti-política que ha calado hondo en el Perú en las últimas dos décadas.
El viento de cola de la economía internacional y las condiciones extraordinarias
hicieron creer a los tecnócratas que un país tan complejo como el Perú se puede
y debe gobernar con un núcleo de personas con experiencia probada en el sector
privado, apartando todo lo posible a la política y a los políticos. Esa forma
tan particular de concebir la política, sin un sentido de lo que es el Estado,
sin definir para qué sirve y cómo utilizarlo para impulsar mayores niveles de
equidad y bienestar para las mayorías, pudo haber funcionado mientras la
coyuntura internacional era favorable pero terminado el ciclo se requiere
legitimar al régimen democrático a través de otros mecanismos y con otras
mentalidades.
El gobierno ha estado en este primer año alejado,
distante y desconectado de la ciudadanía y esa es la fragilidad que no le
permite equilibrar la relación numérica desfavorable que tiene en el
Congreso. Como solución a ello el
gobierno supone que cediendo y dejando hacer a la oposición mayoritaria, puede
lograr mantenerlos tranquilos y gobernar. No importa que lo contrario esté
sucediendo. A pesar de la evidencia el gobierno persiste en el error hasta el
punto de poner en la agenda pública el tema del indulto, una movida que solamente
aumentará su fragilidad porque perderá para siempre la posibilidad de recuperar
y fortalecer el vínculo con los ciudadanos que lo apoyaron en segunda vuelta.
El sector de Fuerza Popular que está sometido a un
liderazgo vertical y asfixiante por parte de Keiko Fujimori –solamente
discutido por su hermano- continuará imponiendo la dinámica política a menos
que el gobierno gire el rumbo, algo poco probable, o que su actitud de
acorralamiento al gobierno envenene la dinámica económica al punto de hacer
peligrar seriamente las posibilidades de llegar a la presidencia en 2021. El
punto es que con un gobierno que niega la fragilidad en la que se encuentra,
suponiendo que en una conversación de dos horas ya se ha dado “vuelta la
página” y que a partir de ese breve encuentro solamente nos espera un camino de
colaboración y encuentro, tendremos por delante otros años de pocas luces y
muchas sombras.
Es difícil suponer o pensar que se produzca una
apertura a discutir y considerar un cambio de rumbo por parte de un gobierno que
sostiene que el desafío para gobernar es simplemente abrir el camino mediante
un destrabe burocrático. Eliminar trabas o pasos puede contribuir a dinamizar
el país pero eso no puede confundirse con desarticular la capacidad del Estado
para dotarlo de un poder fiscalizador que asegure mejores reglas de juego para
todos y de mayor capacidad para asegurar bienes públicos de calidad para las
mayorías. En todo caso, pareciera que el gobierno solamente piensa en
alentar la inversión sin importar demasiado el contexto en el cual debe
producirse. Es por ello que las instancias como la Oficina Nacional para el
Diálogo y la Sostenibilidad fueron rápidamente desarticuladas, indicando que la
gestión de la conflictividad no es un asunto de la mayor trascendencia ni de la
importancia que tiene la promoción de la inversión.
El desprecio hacia la política aleja al gobierno de
la posibilidad de impulsar una agenda que responda a las demandas y anhelos de
las mayorías que todavía esperan y necesitan del estado para poder salir adelante.
No alcanza con el discurso que glorifica al emprendedor o la persona que por sí
misma construye su destino. Una comunidad se pega y sostiene cuando la política
se pone en marcha para asegurar un piso mínimo a partir del cual todos pueden
estar en mejores condiciones de forjar su bienestar. Para ello, el ejercicio
político imprescindible es el fortalecimiento de los vasos comunicantes con la
ciudadanía para captar lo que demandan y articular respuestas a sus
necesidades.
La ciudadanía, después de este primer año, empieza
a sentir al gobierno distante de sus necesidades y demandas. El gobierno,
a juzgar por el balance que hace el presidente, parece empeñado en profundizar
una receta que no le está dando resultado a pesar del rumbo deslucido que han mostrado.
Por ese camino la historia no lo absolverá, lo condenará.